Víctimas y familiares piden que jueces inapliquen amnistía para violadores DDHH

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Víctimas y familiares afectadas por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000 han exigido a los jueces que rechacen la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada recientemente en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso. Esta norma busca exonerar a militares, policías y miembros de comités de autodefensa investigados o condenados por crímenes como desapariciones forzadas, torturas y homicidios.

Diversas organizaciones de derechos humanos, junto a familiares de víctimas relacionadas con casos emblemáticos como La Cantuta, Barrios Altos, Chuschi y otros, instaron a los magistrados encargados de estos procesos a desestimar la ley amparándose en precedentes constitucionales y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tal como sucedió previamente con la normativa sobre prescripción para delitos de lesa humanidad.

 

 

Un informe del Ministerio Público, fechado en junio de 2024, revela que las fiscalías de derechos humanos de Junín y la selva central investigan 147 casos relacionados con supuestas violaciones a los derechos humanos durante el mencionado periodo, muchos de ellos implicando a miembros de las fuerzas militares.

Un representante de los familiares expresó su indignación frente a la posible implementación de esta ley: «Han pasado cuarenta y dos años desde que en Chuschi asesinaron y enterraron a nuestros seres queridos en fosas comunes. No permitiremos que esta ley anule nuestro derecho a la justicia», dijo, con el respaldo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

 

 

Los afectados exigen a los jueces priorizar la Constitución y adherirse a precedentes internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ya ha declarado nulas las amnistías relacionadas con crímenes de lesa humanidad en casos como Barrios Altos y La Cantuta. Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, enfatizó que corresponde a los jueces garantizar los derechos de las víctimas y evitar ser partícipes en actos de impunidad.

Asimismo, los familiares solicitaron un pronunciamiento contundente del Ministerio de Justicia y del Ejecutivo en defensa de las víctimas. «El ministro de Justicia debe representar a toda la ciudadanía, no solo a quienes cometieron violaciones de derechos humanos. Exigimos respeto por nuestro derecho a la verdad y la reparación», declaró Gisela Ortiz, familiar del caso La Cantuta, quien subrayó la necesidad de apoyo institucional.

 

 

Ante posibles vulneraciones a la independencia judicial, los familiares y activistas también pidieron respaldo internacional para proteger a magistrados y fiscales que se opongan a implementar la ley de amnistía. Además, anunciaron que llevarán el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH. Cabe señalar que esta última instó al Perú el pasado 26 de junio de 2024 a abstenerse de aprobar amnistías contrarias al derecho internacional.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

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