El presidente de la República, José Jerí, realizó una visita inopinada al penal de Ancón I en la madrugada de hoy sábado 24 de enero y encontró un grave cuadro de desorden administrativo, falta de control interno y serias deficiencias en la gestión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El jefe de Estado llegó al establecimiento penitenciario tras un reporte de la Policía Nacional del Perú. Horas antes, agentes policiales capturaron a una pareja, un hombre y una mujer, dedicada a extorsionar a empresas de transporte y a mototaxistas del cono norte de la capital. Durante las diligencias, ambos detenidos confesaron que las acciones criminales eran dirigidas por un interno del penal de Ancón I.
Con esa información, el mandatario, acompañado por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, solicitó la ubicación inmediata del recluso señalado como presunto cabecilla de la banda. La respuesta del sistema penitenciario fue una escena de confusión que evidenció la precariedad de sus controles.
Los registros del penal no se encontraban consolidados en un sistema confiable. La información aparecía dispersa en varios cuadernos manuscritos, revisados de manera apresurada por el personal del INPE. El paso de los minutos no permitió aclarar la situación. La ubicación del interno seguía sin precisarse.
Al verificarse los datos en una computadora, figuraba el nombre del recluso, primero, en el pabellón dos. Al acudir al lugar, no se encontraba allí. Luego aparecía en el pabellón cuatro, tampoco estaba ahí. La búsqueda se extendió a otros pabellones sin éxito.
Ante la falta de respuestas, el presidente solicitó explicaciones a los representantes del INPE. Tras varios minutos de revisión de documentos y consultas internas, se informó que el interno había sido trasladado al penal de Challapalca, en Tacna, el pasado 4 de enero.
La información generó nuevas dudas. El traslado no figuraba de manera clara en los registros revisados minutos antes. El gobernante pidió corroborar la información con el penal de Challapalca. Los intentos de comunicación resultaron infructuosos. No fue posible contactar al personal administrativo del establecimiento penitenciario. No había conexión directa entre penales.
La situación se tornó aún más crítica cuando el jefe de Estado solicitó el registro oficial del traslado. La respuesta del personal del INPE volvió a evidenciar el desorden total. El documento se encontraba, según se indicó, en una oficina administrativa, pero no se podía acceder a él porque no había la llave.
La visita presidencial, que buscaba verificar una denuncia de extrema gravedad, terminó por revelar una problemática más profunda. La imposibilidad de ubicar con certeza a un interno señalado como articulador de extorsiones, la ausencia de registros accesibles, la falta de comunicación entre penales y la carencia de documentación inmediata sobre traslados, pusieron en evidencia un sistema penitenciario sin control efectivo.
«Lo ocurrido en Ancón I refleja un problema estructural en la gestión del INPE que compromete directamente la seguridad ciudadana. Cuando el Estado no puede determinar con precisión dónde se encuentra un interno ni qué decisiones se adoptaron respecto a su traslado, la responsabilidad institucional resulta ineludible. En ese escenario, el desorden deja de ser un asunto administrativo y se convierte en un factor que facilita la continuidad del crimen desde los propios establecimientos penitenciarios», sostuvo el jefe del Estado.
En ese sentido, el presidente Jeri recalcó que «frente a esta realidad, la reestructuración integral del INPE resulta urgente e impostergable. Sin un sistema penitenciario ordenado, con control efectivo, registros confiables y responsabilidades claramente definidas, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que lidera el Gobierno queda incompleta. Ese escenario exige cambios inmediatos».
Fotos Presidencia- Video TV Perú