Siguiendo la estrategia perversa de Pablo Escobar en 1991, bajo la misma figura de acabar con la guerra del narcotráfico, el Clan del Golfo anuncia su “disposición” a someterse a la justicia con su ejército de sicarios, en busca de una “paz estable”.
De esa manera, Dairo Antonio Úsuga (a) “Otoniel”, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita su captura o muerte, intenta ganar un espacio para ubicarse cerca de las desactivadas guerrillas de las FARC y el ELN.
“Respetamos los procesos de paz que se han acordado y los que están en marcha con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”, afirmó Otoniel suelto de huesos en un video.
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No obstante sus “ofrecimientos de paz” no tienen mayor credibilidad si se tiene en cuenta que mayoría de los integrantes del Clan del Golfo pertenecieron a escuadrones paramilitares de ultraderecha que regresaron a la ilegalidad tras un acuerdo de paz en el que se desmovilizaron y entregaron las armas.
Otoniel busca el espinoso camino de un “sometimiento” a la justicia para recibir a cambio una rebaja en sus condenas tratando de borrar su trayectoria plagada de crímenes, especialmente del asesinato selectivo de policías en represalia por la persecución que enfrentan, como el tristemente recordado Plan Pistola.
Otra penosa experiencia se suscitó desde 2016 cuando una división de la banda “la Oficina” entabló acercamientos con autoridades de Medellín y expidió comunicados dirigidos al presidente colombiano Juan M. Santos, para impulsar un diálogo que llevara su sometimiento.
En ese proceso, según la Fiscalía, el anterior secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, tuvo supuestos acercamientos con Julio Perdomo (a) “el Viejo”, delegado de “la Oficina”, que le provocaron una orden de captura.
Tanto Villegas como Perdomo están presos, y el intento de paz de “la Oficina” se esfumó junto con un proyecto de ley que venían estructurando asesores de la Alcaldía.
La sombra de Pablo Escobar
En este debate público, el diario colombiano El Tiempo considera que la figura del sometimiento a la justicia es el único camino que tendrían Otoniel y los otros capos que sobreviven de la banda criminal surgida hace una década, tras el proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, no es nueva en la legislación colombiana.
https://www.youtube.com/watch?v=lGrE8AG4W-g
Sus inicios se remontan a comienzos de los 90 con los intentos del tristemente célebre capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar (a) “El Patrón” a cambio de la no extradición a Estados Unidos.
Los acuerdos iniciales permitieron que el entonces narco más poderoso del mundo suspendiera su oleada de narcoterrorismo, permitiéndole de paso Escobar recomponer sus diezmadas fuerzas.
En medio de una polémica negociación, Pablo Escobar se entregó con algunos de sus más poderosos secuaces y fue recluido en una cárcel, conocida como La Catedral, desde donde siguió mandando hasta su fuga y posterior muerte, en diciembre de 1993.
Desde ese momento, la figura ha tenido varios cambios legales, pero en esencia se mantiene su espíritu: el narcotráfico es un delito común y, como tal, los narcos pura sangre, los que ejercen esa actividad con el único fin de enriquecerse, no tienen derecho a tratamiento político. Esto es, no pueden ser beneficiarios de beneficios como indulto y amnistía.
Sometimiento vs. acogimiento
El acercamiento de paz entre la organización “los Urabeños” o “Clan del Golfo” y el Gobierno de Colombia gira en torno a la figura jurídica que se aplicará para desarmar de manera colectiva los narcotraficantes.
De un lado, los representantes del Palacio de Nariño se refieren a un “sometimiento” mientras los asesores de la estructura delictiva indican que se trata de un “acogimiento”.
Lo que ha quedado claro es que no se trata de una negociación que le reconozca estatus político al clan del Golfo, como ha ocurrido con las Farc y el Eln, pero falta diseñar una ley que permita concretar el desmonte de una agrupación que ejerce influencia en 22 departamentos del país y tiene incluso células activas en España y Venezuela.
El diario El Colombiano de Medellín dialogó con un miembro del equipo asesor del “Clan del Golfo”, quien solicitó la reserva de su identidad, argumentando que no busca protagonismos individuales y que “apenas estamos hasta ahora consolidando el tema de voluntades”.
Este personaje reveló que los acercamientos tomaron fuerza hace 16 meses y que el estado mayor de la organización nombró tres voceros, al igual que lo hizo el Gobierno.
“Primero que todo hay que cambiar el término, no es sometimiento, es acogimiento, la semántica no es un inconveniente pero sí se presta a malas interpretaciones. Con el sometimiento te dicen ‘ahí está el Código Penal, mire a ver si se entrega o no’”, señala la fuente.
Y agrega: “acogimiento es una figura que reconoce el Derecho Internacional Humanitario, en la que las partes pactan condiciones especiales sobre las cuales se van a presentar ante la justicia”.
La delegada aclara que “no es una negociación política, pero le permite a las partes tener cierto tipo de maniobrabilidad”.
Lo que dice el Acuerdo
Los términos “sometimiento” y “acogimiento” aparecieron por primera vez diferenciados en el Acuerdo de Paz con las Farc.
Tras la victoria del “No” en el plebiscito (octubre de 2016), que obligó a revisar el texto pactado, la nueva versión incluyó, en el capítulo sobre “Fin del Conflicto”, el punto 3.4.13, titulado “Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”.
Dicho párrafo reza que “en el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales de que trata este punto, fortalecer las garantías de seguridad en los territorios y facilitar la creación de condiciones favorables para la construcción de la paz.
En ese sentido se propone que el Gobierno Nacional en coordinación con la rama judicial, presente un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz”.
El proyecto de ley no ha sido presentado al Congreso para su debate mientras que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación tienen la tarea de estudiar la propuesta del “Clan del Golfo”, definir qué figuras jurídicas se usarán y consolidar un único texto.
La postura del Gobierno
El vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, en cuyo despacho se han llevado a cabo reuniones entre los voceros de ambas partes, explic{o el marco general en el que se llevaría a cabo un acuerdo con la banda.
Indicó además que, si se logra el desarme, serían más de 3.000 los integrantes que se presentarían ante la justicia. La cifra es distinta a la que había dicho el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien el pasado mayo declaró que la banda estaba reducida a la mitad, al pasar de 4.000 miembros en 2010 a 1.800 en la actualidad.
El “Clan del Golfo” se considera a sí mismo como el tercer actor del conflicto armado, ¿el Gobierno les va a reconocer eso?
–Es muy importante que los colombianos tengan estas certezas: primero, en ningún caso estamos abriendo una negociación política con una estructura criminal; segundo, desde mayo yo recibí esa responsabilidad, hoy hemos sido claros de que el Gobierno para nada reconoce la condición seudo política que han pretendido darse cuando se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia; en tercer lugar, para nada esa solicitud será evaluada para abrir espacios a una negociación judicial que signifique justicia especial o medidas alternativas; en todo caso, lo que hemos dicho es que tiene que ser un proceso dentro de la justicia ordinaria vía Fiscalía”, respondió el vicepresidente Óscar Adolfo Naranjo quien también fue negociador del Gobierno en La Habana.
Ellos dicen que no están buscando un sometimiento, sino un acogimiento, que permita entablar una negociación en el marco del DIH. ¿El Gobierno ve diferencia en esos dos términos?
-Sí, hay diferencia, hay que precisarlos, pero como he dicho, para nada hemos considerado que esa solicitud deba responderse desde otra instancia distinta. El camino es el de la justicia ordinaria, a partir de los postulados del Código de Procedimiento Penal, de las normas que lo complementen, y a través de la Fiscalía. Para nada se les ha reconocido ni se les reconocerá su pretensión de ser calificados como actores del conflicto.
https://www.youtube.com/watch?v=tZHJ9A81d2I
¿Por qué cree que justo ahora ellos lanzan esa propuesta?
-Hay que ser objetivos, estos esfuerzos de ellos por elevar una solicitud al Gobierno vienen desde el año pasado. A partir de mayo ha habido sucesivas reuniones con su abogada en la Vicepresidencia de la República y ha habido esas precisiones que estaba mencionando, que no se trata de una negociación política, que no se reconoce el estatus de Autodefensas Gaitanistas. Yo lo que estimo es que el país empieza a vivir un clima que está demostrado que por poderosa que sea una organización, estar empuñando armas y desafiando a la institucionalidad ya no es una opción. Hoy, cuando tenemos unas Farc que han hecho tránsito a la legalidad y dejación de armas y se han convertido en partido político; hoy cuando tenemos un Eln haciendo un cese al fuego bilateral, lo que nos parece es que esa solicitud se enmarca en una nueva lógica de un país que quiere que se abandone la violencia y que el único que administre las armas sea el Estado.
¿Qué ha pedido el “Clan del Golfo” a cambio de entregar las armas?
–Que haya un tratamiento que cobije a la totalidad de los integrantes de la organización, y por eso el Presidente ha dado esa instrucción a su Ministro de Justicia, para que en coordinación con el fiscal revisen cuáles son los caminos jurídicos, penales, procedimentales, para que haya una capacidad del Estado de procesar a más de 3.000 integrantes de esa organización y saber cuáles son las normas aplicables.
El punto 3.4.13 del Acuerdo de Paz con las Farc insta al Gobierno a construir un proyecto de ley para facilitar sometimientos de bandas a la justicia. ¿Para cuándo estará listo ese proyecto?
“Desde que estábamos en La Habana, yo soy responsable de haber participado en esa discusión, éramos conscientes de que una paz completa pasa por someter a la ley al crimen organizado y a esas estructuras, por eso el acuerdo considera que debe expedirse una norma que garantice el sometimiento a la justicia de esas organizaciones. Esperaremos la recomendación final del ministro de Justicia y del fiscal General”.
En el caso de que se concreten esos acercamientos, ¿se suspenderán las órdenes de captura y extradición contra los miembros de la banda?
-De ninguna manera, es muy importante decirles a los colombianos lo siguiente: estudiar esta solicitud que hace el ‘Clan del Golfo’, para nada interrumpe, disminuye o afecta las operaciones militares, policiales y acciones judiciales contra esa organización. Segundo, para nada se ha considerado que cualquier decisión que se tome para dar ese ‘sometimiento’ según el Gobierno, para ellos ‘acogimiento’, signifique una revisión de lo que ha sucedido con personas que ya se encuentran procesadas y han recibido a través de providencias judiciales medidas de privación de libertad, imputación de cargos o condenas. Y por otro lado, en el tema de la extradición es un asunto en el que, el Gobierno lo quiere dejar claro, recibir esta solicitud para nada afecta los procesos de extradición ni interrumpe las operaciones de búsqueda, localización y captura de quienes están solicitados para ser extraditados”.
Esa organización hizo lobby en La Habana para impulsar estos acercamientos, ¿podría contarnos cómo fue ese proceso?
-En el caso de los negociadores plenipotenciarios del Gobierno no recibimos ningún tipo de lobby ni de sugerencias ni tuvimos contactos ni recibimos presiones para esos efectos. Desconozco que ellos o los negociadores de las Farc o con otras personas vinculadas a la negociación hayan tenido algún contacto. De nuestra parte, ninguno.
Alias “Otoniel”, el jefe de ese grupo, ha participado en dos desmovilizaciones, como miembro del Epl y las Auc. Ahora que busca otro acuerdo, ¿el Gobierno le cree?
–Lo que al Gobierno le parece responsable es que si una organización al margen de la ley hace una solicitud para acogerse a la justicia, esa solicitud debe ser respondida integralmente, en el marco de lo que significa asegurar a los colombianos, para que esas amenazas sean sometidas a la ley. Este primer paso que ellos han dado, de hacer esa solicitud al Gobierno, deberá tener de nuestra parte una respuesta clara, oportuna y eficaz, para que sigamos avanzando hacia un país en el que la violencia tiene que ser derrotada.
Mientras tanto los acercamientos continúan en la búsqueda de una “solución” mientras se siguen produciendo toneladas de cocaína, en una historia cuyo desenlace sigue siendo impredecible. Y es que, cualquier parecido con el pasado NO es una coincidencia.
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