La Contraloría no puede tener tanto poder como para obstruir un gran proyecto del Ejecutivo y obligar a la renuncia de un Ministro que además es primer vicepresidente como Martín Vizcarra pero tampoco la pueden ignorar como institución autónoma de control. Menos aún en momentos de gran fragilidad de la legitimidad política debido a los escándalos de la megacorrupción brasileña.
Necesitamos, como en todo, encontrar el equilibrio que no ha exhibido el Ejecutivo, al acelerar la situación vía la renuncia de Martín Vizcarra, ni el fujimorismo al insistir en que también renuncie a la primera vicepresidencia.
Pensar en el país implica recuperar la serenidad para legitimar el control político sin que éste se convierta en herramienta de obstrucción y menos aún de inestabilidad. Si bien el contrato y la adenda de Chinchero tenían problemas que no se solucionaron, peores podrían ser los que va dejando al tornar precario al régimen nada menos que en la línea de continuidad constitucional. Son muy importantes las instancias de control pero sin llegar a imposiciones y menos a maniobras que podrían ser desestabilizadoras.
Ni el gobierno puede actuar al margen del control ni el Contralor puede incurrir en arbitrariedades ni excesos. La Contraloría es uno de los contrapesos constitucionales como lo es el Congreso. Pero equilibrar no quiere decir cogobernar ni mucho menos obstruir. Su autonomía orgánica lo obliga a supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto y sus informes deben ser atendidos, sobre todo los referidos al control previo. En casos como Chinchero es evidente que algunas instancias fueron permisivas para que se haya llegado a esa inmensa luz roja que detiene todo lo actuado y genera el desconcierto de lo inevitable. Estamos al final de un camino que debió ser recorrido de otra manera, con mayor diálogo, controles previos, buena fe y consecuencia de uno y otro lado para evitar esta situación de alto costo político.
No existe verdad consagrada. Si el informe incurre en contradicciones y se excede en imputaciones penales cuando, como ha dicho el premier Zavala, no se ha realizado pago alguno, entonces deberá ser analizado, debatido y contrastado con las versiones de Vizcarra, ministro renunciante, y de Fiorella Molinelli, viceministra acusada penalmente. Todos tienen derecho a dar su argumentación técnica. Incluido el MEF, en desacuerdo con el informe.
Si en el 2014 la Contraloría determinó que en el contrato original había riesgos para el Estado y en el informe sobre la adenda se sugiere volver a ese contrato, hay contradicción evidente. Por lo cual no podría descartarse, como bien ha señalado Enrique Cornejo, que la entidad de control se muestre demasiado sensible a “las circunstancias políticas y mediáticas antes que la propia razonabilidad del proceso”.
Necesitamos del equilibrio en el control, que sea sobre todo para prevenir y no para lamentar. Lo ideal sería que la entidad encargada logre hacerlo en momentos de salud más que de enfermedad.