Han transcurrido 12 años desde aquella sesión en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. Fecha tan significativa fue recordada por primera vez dos años después, previa exhortación para que los países miembros realizaran actividades concretas para “lograr el desarrollo social para todos en un mundo globalizado”.
En estos tiempos se reconoce que el mundo es el espacio donde la actividad humana ha sido objeto de alteraciones drásticas, sobre todo en lo que respecta al sistema ecológico de subsistencia. El discurso que se repite nos dice que hay necesidad de una nueva visión de la economía y su relación con el resto del mundo, una visión que permita advertir con propiedad una forma mejor a las nuevas condiciones a las que enfrenta la humanidad.
Aun cuando el discurso es persuasivo, dado que habla de la necesidad de una economía que respete los límites del planeta, que reanude la dependencia del bienestar humano con las relaciones sociales y la justicia, y que reconozca que el objetivo final es el bienestar humano real y sostenible, no solo el crecimiento del consumo material, la fecha, sin embargo, ha pasado prácticamente desapercibida. Estoy hablando de la realidad nacional. La llamada clase política, palabra más palabra menos, no ha tomado en serio el recordatorio. Y si esto es así, en el resto de las instituciones intermediarias, no se han dado actos, por lo menos para insistir en la urgente necesidad de apoyar todo esfuerzo encaminado a erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
El extinto pero recordado Emilio Máspero, militante del humanismo integral, quien meció su cuna sindical como obrero metalúrgico, ante una situación como la que hoy se vive en Perú y América Latina, bien decía que la ausencia de la justicia social, ha dado como resultado que millones de seres humanos sufran las consecuencias de un mal desarrollo, de un desarrollo perverso, que hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. La mayoría de los latinoamericanos sufren aquí y ahora la pobreza extrema junto con el marginamiento social.
Lo cierto es que en nuestro país y en el resto de la región impera un discurso puramente economicista y materialista. No hay mayor interés por los problemas humanos y sociales y todo se deja a merced del mercado. Las decisiones sociales fundamentales han sido dejadas a tal mercado y el resultado salta a la vista, con la degradación de la vida humana y del trabajo humano, la profundización imparable de la pobreza extrema y del marginamiento social, junto con el agravamiento de todas la formas de justicia y desigualdad social.
Nos corresponde darle valor al Día Mundial de la Justicia Social, en tanto que la fecha tiene trascendencia en la búsqueda de libertad y democracia para construir un desarrollo nuevo, alternativo esa es una tarea de los hombres y mujeres de buena voluntad. Los intereses de pequeños grupos de poder económico no pueden prevalecer sobre las necesidades de las mayorías nacionales. A las campañas mediáticas que solventan esos pequeños grupos de poder económico, corresponde al pueblo organizado asumir la labor que le corresponde, sin necesidad de llegar a la violencia física ni a la violencia verbal. Es mejor utilizar la inteligencia para cambiar el destino de la humanidad, habida cuenta que toda decisión de política económica y social repercute sobre seres humanos, concretos y reales.