Después de varios años, la frontera peruano- colombiana se ha convertido en la región codiciada esta vez por los disidentes de las FARC que han entrado en el negocio de la coca y donde el Putumayo surge como la pieza clave en el narcotráfico hacia Brasil.
En la década de los 80 el Trapecio Amazónico era el corredor más utilizado por narcotraficantes peruanos que proveían la pasta básica o sulfato de cocaína a los laboratorios clandestinos de Colombia, todo lo cual ha sido superado con la cristalización del alcaloide en las mismas zonas de producción, como en el caso del VRAEM.
La peligrosidad de la infiltración de los disidentes se patentizó con la columna de disidentes encabezada por Walter Patricio Arizala Vernaza (a) “Guacho”, quien pasó en apenas una década de ser un pequeño comerciante a convertirse en uno de los más buscados tras el secuestro asesinato a tres miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, cuyos cadáveres hasta ahora no han sido entregados a sus deudos.
La cuenca del Putumayo, con una superficie de 148 mil kilómetros es la frontera más caliente de la Amazonía: conflictos bélicos, acuerdos y tratados, violencia guerrillera, actividades ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal de madera y la extracción aurífera, marcan su historia con una huella profunda e indeleble.
En el territorio peruano la provincia de Putumayo, ubicada en el Departamento de Loreto limita por el norte con el distrito de Rosa Panduro y la Colombia; por el este con el Distrito de Yaguas; y, por el sur y suroeste con el Distrito de Pebas (Provincia de Mariscal Ramón Castilla) y con los distritos Las Amazonas y Napo (Provincia de Maynas).
La primera incursión de importancia fueron de quince disidentes que pertenecieron al frente 48 de las desmovilizadas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, quienes abandonaron la Zona Veredal de La Carmelita, para conformar un grupo armado y dedicarse abiertamente al narcotráfico.
En ese entonces el comandante de la Brigada 27 de Selva, general EP Adolfo León, confirmó que la columna estaba encabezada por “Wilder” y que, junto a otros grupos, anunciaban que no tenían como objetivo atentar contra la Fuerza Pública, ni contra las infraestructuras petroleras, energéticas ni viales del departamento.
Este primer grupo operaba en el medio y bajo Putumayo, en zonas rurales de Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo y San Miguel, donde se concentran las 25.000 hectáreas con cultivos de matas de coca.
En el municipio de Puerto Guzmán, disidentes portando camuflados de color caqui y otros vestidos de negro, los disidentes se reunieron con campesinos de la zona rural y se presentaron como “Guardia Campesina Armada”.
Sin mayores rodeos anunciaron sueltos de huesos que ante tanto desorden social que se registraba en la zona, ellos asumirán el control y advirtieron a los campesinos que no debían acogerse al plan manual de sustitución voluntario de hoja coca acordado por el Gobierno.
El general Hernández señaló que aún no se ha podido determinar si estos hombres serían disidentes de la columna Teófilo Forero o una mezcla entre exguerrilleros y miembros de la banda delincuencial de segundo nivel “La Constru”, bajo el mando de alias ‘Colombino’, otro disidente de las Farc, del frente 32.
“Hay una disidencia o grupo armado organizado residual del frente 48 de las Farc. Es indudable que hay personas que no se sometieron al proceso de paz, que desertaron de la zona veredal o que fueron expulsados por las Farc. Estamos trabajando con toda nuestra inteligencia para minimizar y neutralizar cualquier intención del grupo”, dijo el oficial del Ejército.
Antes del Acuerdo de Paz el Estado Mayor de las Farc expulsó de su organización a cinco comandantes que lideraban las disidencias y a través de un comunicado manifestó que la decisión se tomó con base en su conducta reciente que los llevó a entrar en contradicción con la línea político-militar propia.
Para esconder sus verdaderas intenciones los disidentes adujeron que las ofertas y garantías del Gobierno colombiano n favor de los guerrilleros rasos no son las mejores y ello habría llevado a cientos de hombres a mantenerse en la clandestinidad.
La verdad de sus intenciones empezó a perfilarse cuando los grupos disidentes gestaron una nueva forma de dominio y control armado que los llevó a la extorsión, el secuestro y otros delitos que se registraban en zonas rurales y urbanas.
En junio de 2016, tres meses antes de la firma del primer acuerdo de paz, el Frente Primero de Guaviare anunció que no se desplazaría a las zonas transitorias veredales de normalización como se había pactado hasta el momento y que tampoco dejaría las armas.
Con el correr de los meses, también se fueron algunos guerrilleros de los frentes Séptimo, 40 y 44 ubicados en el oriente del país, a los que se sumaron rebeldes de cinco frentes del Suroccidente 6, 30, 43, 48 y 57, entre otros. Los investigadores calculaban entre 300 y 700 la cifra de los primeros disidentes, cifra que aumentó con el correr de los meses.
La Dirección Contra el Terrorismo y personal de la Región Policial de Iquitos advirtió la presencia y accionar de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) de las FARC, en el ámbito del río Putumayo, en la frontera con Colombia
El reclutamiento silencioso que realizan los disidentes se puso al descubierto cuando personal de la comisaría de Soplín Vargas, distrito de Teniente Manuel Clavero, provincia de Putumayo, detuvieron al colombiano Neider Jhonny Machacury Jota (19), en momentos que pretendía captar a los adolescentes..
Como resultado de las investigaciones, la Dircote confirmó que Neider Machacury sería un presunto integrante de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), disidentes que integraron los ‘frentes’ de las FARC y que ahora se infiltran por la zona del Putumayo, en una amenaza latente que es necesario detener antes que se convierta en una pesadilla impredecible.