Aun así con todo sus defectos nos alineamos en el mismo andar, paciente y fatigoso, de quienes se encuentran convencidos que la democracia es hoy por hoy camino fundamental del progreso de los pueblos y en especial del nuestro. El comentario va a propósito de quienes equivocados en su estrategia política y en la táctica de aplicarla, vienen perpetrando una serie de acciones desde el Poder Legislativo, precisamente para desinstitucionalizar la vida democrática, frágil, imperfecta, que algún día será mejor para bien del país.
¿Qué otra cosa se puede decir cuando la mayoría de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas de la nación observan con asombro primero y rechazo después, la actuación del fujimorismo que pretende zurrarse en la Constitución Política y con una pésima interpretación poner bajo su imperio al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público, a la prensa crítica e investigadora de la corrupción y hasta al mismo Poder Ejecutivo? La verdad es que la indignación es tal, que ya es hora que quienes reconocen en la democracia el itinerario a seguir, se pongan de pie, unan sus fuerzas, pongan enfásis a su palabra y hagan lo imposible porque esa perversa dupla de fujimorismo y aprismo razonen y entiendan que la actuación política merece el reconocimiento público, cuando deja de lado las componendas, orienta sus pasos lejos de la corrupción y del enriquecimiento ilícito y trabaja, con seriedad, por el desarrollo de los pueblos que conforman esta gran nación.
Cuando hablamos de democracia, por cierto, no nos estamos refiriendo solamente a la democracia electoral, que debido a normas mal concebidas con frecuencia cae en error. Lo estamos viviendo, por ejemplo, con lo registrado en la actual mayoría legislativa. Hablamos con otra visión, hablamos de toda ella, pues se requiere en la economía, en el plano social, en la cultura, en la política nacional y en la internacional. Compartimos por eso, el concepto que democracia en tal sentido, significa que el pueblo sea efectivamente soberano, que haya participación del mismo en las decisiones que son de su legítima incumbencia, es decir en las decisiones de los asuntos vitales. La experiencia debe servir para darnos cuenta que la ciudadanía es tal cuando ella gobierna y quien posee realmente el poder. Y no como ahora, que por el desatino de una equivocada normatividad electoral, le ha abierto el paso a una suerte de tiranía que se ha autoconvencido que el mandato del pueblo lo puede utilizar pasando por encima de lo prescrito en la Constitución Política.