La renuncia masiva de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, es un hecho de la mayor gravedad para la vida democrática de la Nación. No les quedaba otro camino en defensa de su honorabilidad personal y respeto transparente a su profesión, luego que el actual Parlamento aprobara, en medio de gallos y medianoche dominical, un acuerdo que, por un lado, adolece de extrema inconstitucionalidad y, por otro, asegura la inmunidad de cualquier actividad de los legisladores.
La magnitud de la barrabasada de la representación nacional es tal que, de confirmarse en la siguiente legislatura ordinaria, significaría un perjuicio irreparable para la democracia peruana, cuya fragilidad es notoria y que, precisamente, por su falta de fortaleza vivencial, tiene a nuestro pueblo como uno más de los que figuran en el rubro de los subdesarrollados en lo político, económico y social.
Para apreciar el daño ocasionado, es necesario que la ciudadanía tome en consideración lo expresado por el expresidente del Tribunal Constitucional, doctor César Landa Arroyo, notable jurista, quien advierte que tal acuerdo parlamentario no sólo desconoce “que el Congreso no es un poder constituyente, sino un poder constituido y que las reformas constitucionales para ser válidas, deben respetar los límites constitucionales formales”. El doctor Landa coincide así con lo señalado por otros expertos de raigambre internacional en la materia, como es el caso del doctor Manuel Ossorio y Florit, jurisconsulto ampliamente conocido en Iberoamérica, entre otras obras, por su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, que a la letra nos dice: “Partiendo del principio inexcusable, en los Estados de Derecho, de la supremacía de la Constitución, se han de reputar de inconstitucionales, todos los actos, leyes, decretos o resoluciones que se aparten de sus normas o contradigan”.
Pero no solamente el doctor Landa Arroyo cuestiona el acuerdo parlamentario sustentado por Omar Chehade Moya, que, ahora, ha dado lugar a contradicciones, arrepentimientos e ingenuas justificaciones. También el doctor Samuel Abad Yupanqui, igualmente reconocida personalidad del mundo del Derecho, hace notar su malestar por lo ocurrido ante una reforma constitucional apresurada, aprobada en primera votación, que pretende introducir normas que debilitan la institucionalidad, el equilibrio de poderes y que ha carecido de debate y reflexión necesarias. Y por si fuera poco, el doctor Óscar Urbiola, quien desempeñó años atrás la presidencia del Tribunal Constitucional, hace mención que la actuación de la mayoría parlamentaria se ha realizado “sin observar el más elemental principio de la función parlamentaria, como es el debido, serio y profundo debate de un proyecto”, habiéndose dañado así “la autonomía de las principales autoridades del país, alterando el sistema jurídico y constitucional”.
Lo ocurrido en estos últimos días nos lleva, como ciudadanos, a la reflexión. A todos en general para tomar conciencia de lo que significa contar con un sistema constitucional, que como repetidamente se ha interpretado, es la ley o conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización del Estado y que tienen que ser establecidas por la Nación misma. Dichas leyes o reglas fundamentales tienen por finalidad fijar y limitar las facultades que el pueblo impone a los gobernantes que elige. Por tanto, éstos, en este caso los actuales parlamentarios, no pueden darle las espaldas a la ciudadanía, que escuchó sus proclamas para eliminar la inmunidad parlamentarias en ocasión de las pasadas elecciones y que hoy, observa con asombro la manipulación de un proyecto que, vía amañada reforma, en el fondo significa darle más poder a los congresistas, tanto que otras autoridades de los demás Poderes del Estado, estarían actuando bajo una espada de Damócles, sin capacidad propia para actuar con libertad o autonomía.
¿Lo sucedido es una parodia de deliberación, así como ha sido calificada la decisión parlamentaria? Es posible, tiene los ingredientes con sabor a humor negro, los rasgos de una caricatura de la temática de la inmunidad parlamentaria. En suma.