La imagen del Perú que se proyecta en el extranjero, en este momento, es la de un país cuya población se ha acostumbrado a vivir en medio de la corrupción, y que la admite como lo más natural. Por eso, un sector sale a protestar porque la jefa del partido Fuerza Popular ha sido detenida por orden judicial, después de una denuncia muy seria de lavado de activos y además por ser la jefa, al interior de ese partido, de una organización criminal.
Es una acusación muy seria, y el fiscal José Domingo Pérez ha investigado los sobornos que la cúpula de Fuerza Popular ha recibido de Odebrecht y otras compañías constructoras brasileñas, y otros supuestos aportantes para la campaña electoral del 2011, pero ha tenido que hacer un seguimiento a la forma cómo ha actuado desde entonces esa cúpula, no el partido, hasta estos días.
Seguro que en los 36 meses que tiene de plazo la fiscalía para seguir investigando, habrá que ver también los aportes para la campaña del 2016 y la forma cómo se manejaron los fondos en ésta, y en esa parte del proceso volverán a ser interrogados varios implicados, entre otros el exsecretario general de Fuerza Popular y excongresista Joaquín Ramírez, quien fue grabado por el piloto Jesús Vásquez, un agente de la DEA, en Miami. En esa conversación, Ramírez le comentó que estaba preocupado porque Keiko Fujimori le había pedido que la ayudase a lavar 15 millones de dólares, utilizando su cadena de gasolineras en Lima. Claro que los defensores de Ramírez alegarán que las denuncias contra él han sido archivadas por el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, ahora prófugo de la justicia y depositado en una cárcel de Madrid, España, a la espera de su extradición.
Aparte de las denuncias que afronta Keiko Fujimori y su entorno formado por once personas -y con el tiempo tal vez más-, lo más grave de todo es que ese grupo mafioso enquistado en la cúpula de Fuerza Popular haya estado -y lo sigue todavía- conduciendo el Congreso de la República, que en estos dos años ha frenado cualquier propuesta del Poder Ejecutivo para ejecutar proyectos de desarrollo en el país, simplemente por capricho de Keiko Fujimori.
Si bien es cierto que una de las funciones del Poder Legislativo es fiscalizar a los otros Poderes del Estado, el partido de oposición Fuerza Popular, se dedicó a censurar ministros, copar puestos clave en el aparato del Estado, obligar a renunciar al presidente Pedro Pablo Kuczynski, oponerse a proyectos del ejecutivo, a modificarlos, frenarlos y archivarlos, so pretexto de que estaban fiscalizando y, de paso, luchando contra la corrupción.
Sin embargo, recientes informes afirman que el Perú es el mayor productor de hoja de coca y de cocaína en la región, lo que agrava la necesaria estabilidad que debe tener un país para atraer a los inversionistas.
Lamentablemente para los corruptos y felizmente para el país, el fiscal anticorrupción Pérez solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho llevar a cabo una audiencia sobre una petición de prisión provisional de 36 meses contra los miembros de esa organización criminal dentro de Fuerza Popular, encabezados por Keiko Fujimori, quienes eran protegidos, a su vez, por altos funcionarios de la Fiscalía y del Poder Judicial que tendrán que renunciar a sus cargos para devolver la confianza.
Esta protección fue descubierta por dos Fiscales anticorrupción del Callao, lamentablemente removidas por el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, que identificaron a los miembros de una banda criminal integrada por jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a la que denominaron “Los cuellos blancos del Puerto”. Esto se hizo público por la difusión de grabaciones telefónicas de sus miembros, gracias a la habilidad y tenacidad de periodistas de investigación, especialmente del portal IDL que dirige Gustavo Gorriti.
El escándalo que en este momento sacude el país, también ha repercutido entre los actores económicos de otros países, especialmente Estados Unidos y Canadá que son, sin duda, los inversionistas interesados en desarrollar grandes proyectos, principalmente en minería y recursos energéticos en nuestro país, pero que han estado frenados por la corrupción rampante.
Nuestro país se merece una mejor clase política y demostrar que está más allá de todos esos males. Para ello necesita fortalecer los valores éticos en la población, derrotar la corrupción, la delincuencia común, garantizar la seguridad, y, de paso, cambiar los malos hábitos populares, especialmente aquellos muy difundidos de que para alcanzar el éxito hay que ser vivo y recurrir siempre a la trampa.