Mientras se vislumbra el definitivo acuerdo de paz entre las guerrillas de las FARC y el gobierno colombiano, las transnacionales de la cocaína recurren ahora a las bandas paramilitares para proteger los embarques de droga y enfrentarse a las fuerzas del orden en un conflicto de impredecibles consecuencias.
Los millones de dólares que se mueven en el negocio de la coca, el tráfico de armas en la selva colombiana, como la frustrada venta de diez mil fusiles a las FARC en la dictadura fujimontesinista, constituyen apenas el iceberg de esta amenaza continental que se perfila en el horizonte como nubarrones de una gran tormenta.
En las últimas semanas las bandas paramilitares, conformadas en muchos casos por exguerrilleros, como Otoniel del clan Úsuga, pidieron al gobierno “entrar en negociaciones políticas”, al autoconsiderarse “guerrillas” por el uso del uniforme comando, lo que fue descartado sin medias tintas por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Los paramilitares respondieron a sangre y fuego con los llamados “paros armados”, como preludio de la nueva guerra interna que amenazan desatar tras el adiós a las armas de las FARC.
Alerta desde La Habana
Los delegados del equipo negociador de las guerrillas de las FARC en La Habana, alertaron sobre esta amenaza con un informe sobre lo que denominan “presencia neoparamilitar en Colombia”, adjuntando una relación de las bandas y las regiones en las cuales operan.
En el documento se detallan las acciones armadas ejecutadas por los grupos paramilitares y advierten en uno de sus apartes que “todas las situaciones aquí descritas, las han denunciado organizaciones de derechos humanos”.
Al final del informe, a manera de conclusión, con relación a la Costa Atlántica, afirman que “entre el 2008 y el 2011, las estructuras paramilitares se recomponen a partir de la definición de nuevas alianzas con el narcotráfico, grupos sicariales, delincuentes comunes y fundamentalmente con los reductos no desmovilizados y desmovilizados, especialmente del Bloque Norte de las AUC”.
Mediante el recuento que hacen las Farc, los paramilitares se centran en regiones de Putumayo, Meta, Valle y Cauca, y en todos los departamentos de la Costa Atlántica, incluido San Andrés y Providencia.
Para mayores luces sobre este tema a continuación transcribimos algunos párrafos de este primer informe de la FARC debido a lo extenso del documento:
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PUTUMAYO
Tras la desmovilización de los paramilitares en Putumayo (marzo de 2006), se sabe que en la región continuaron operando unidades, dedicadas especialmente a proteger el negocio del narcotráfico, ello en razón a que uno de sus últimos jefes alias “Macaco” (Carlos Mario Jiménez), realmente era conocido en Puerto Asís como narcotraficante, quien desde el 2002 aproximadamente compró la “franquicia” paramilitar, quizás buscando beneficios posteriores en el proceso que se iniciaría de desmovilización.
El radio de operación de los paramilitares se concentró en La Dorada-San Miguel, Valle del Guamuéz, Puerto Caicedo y Puerto Asís principalmente, manteniendo bases en Puerto Asís y Valle del Guamuéz (El Placer), siendo estos lugares en donde más permanecieron.
En Puerto Asís fue conocida la hacienda Villa Sandra (km 5 aprox.) como uno de los lugares en donde más permanecieron, a pesar de estar ubicada la base de la Brigada Móvil 13 en el km 1 y la de la Brigada 27 de Selva en Santana (km 12), sobre la misma vía (Puerto Asís – Mocoa); así mismo, Puerto Caicedo fue controlado por estas estructuras quienes libremente se movían desde Puerto Asís por esta vía, instalando posteriormente otro centro de operaciones o base en el corregimiento de San Pedro (jurisdicción de Puerto Caicedo), a 5 minutos de la cabecera municipal.
Los pobladores de esta región dan fe que aún estructuras que pertenecieron al Bloque Sur Putumayo continúan delinquiendo en la región; en Puerto Asís bajo órdenes de Los Rastrojos, ejerciendo control sobre el negocio del narcotráfico, y recibiendo apoyo económico y logístico de sectores del comercio y narcotráfico, con la presunta complicidad de las fuerzas militares y de policía.
El comandante actual de este grupo en la región es alias “El paisa”, quien tiene hombres concentrados en una finca propiedad de Jorge Coral, o de su familia, (exalcalde de Puerto Asís por tercera ocasión), quien en los períodos anteriores mantuvo complicidad con las AUC; Revista Semana en el informe de riesgo electoral en 2011 publicó audios de conversaciones de éste con el jefe paramilitar de aquel entonces alias “Gárgola”. Dicha finca se encuentra ubicada en el sector conocido como el 9 (Km 9), sobre una vía terciaria que termina a orillas del río Putumayo. Allí cerca en encuentran tres ríos (Putumayo, Acaé, Guamuéz), en cuya región este grupo permanece custodiando un cristalizador de coca.
Muchas de las muertes que se presentan entre estos dos municipios ocurren entre Puerto Asís (km 1-5-9- Santana – San Pedro), un corredor de no más de 30 kilómetros en donde están una Estación de Policía, la base militar de la Brigada Móvil Nº 13 (Km1), el Batallón de Ingenieros (Km 5), la Brigada 27 de Selva (Santana) y una Base de la Policía (Puerto Caicedo).
En Puerto Asís, desde el año 2014 especialmente, Los Rastrojos reclutaron jóvenes para vincularlos al expendio de drogas, instalando las llamadas “ollas” del microtráfico en los barrios Jardín, Villa Paz, Montañita, Buenos Aires, Metropolitano, Calle del Puerto (sector de los bares).
Se sabe que en Puerto Asís, se ha mantenido la estructura armada neoparamilitar al servicio del narcotráfico y sicariato.
Igualmente, la policía reconoce recientemente la existencia de otra estructura armada, FUR (Fuerza Urbana Revolucionaria) y que al parecer opera principalmente en Orito y Valle del Guamuéz; sin embargo no la cataloga como Bacrim, sino delincuencial.
https://www.youtube.com/watch?v=Da4uCxM5BMA
Recientemente, el 7 de abril del presenta año, entre Orito y el Empalme (Jardines de Sucumbíos, Ipiales), salió un panfleto amenazando organizaciones y líderes, firmado por un grupo que se hace llamar Grupo Armado La Mano Invisible – Comandos Urbanos. La amenaza en panfletos apareció después de fuertes despliegues militares en dicha región, por lo que las comunidades relacionan esta amenaza proveniente directamente de los militares; a pesar de ello, se ha tenido conocimiento que estas amenazas se debe a la preocupación que existe en grupos y sectores de ultraderecha en la región con relación a la fuerza que el movimiento social está ganado en la región y que entrará a las contiendas electores a disputar alcaldías y concejos en varios municipios del departamento; los poderes tradicionales catalogan las iniciativas como estrategia política de las Farc
En mayo pasado un grupo armado vestido de civil atacó a una comunidad indígena Nasa en coincidencia con las operaciones empresariales petroleras, que se vieron afectadas por una denuncia comunitaria instaurada contra la multinacional Gran Tierra de Canadá.
Todos las situaciones aquí descritas, las han denunciado organizaciones de derechos humanos.
META
2.1 Municipio de El Castillo
En el año 2013 los grupos paramilitares inician una oleada sobre este municipio con el fin de ejercer el control social y económico en la región. Los paramilitares hacen presencia en los caseríos del Encanto, Medellín del Ariari, Puerto Esperanza y área urbana del Castillo. Los paramilitares vestían prendas militares, de civil y algunos con radios y armas.
Los paramilitares han exigido a los pobladores información sobre el paradero de la guerrilla, nombres de las y los líderes de las comunidades, quiénes fueron integrantes del partido comunista y quiénes pertenecen a otras iglesias fuera de la católica. De igual manera manifiestan abiertamente que su presencia en la región es para controlar los robos, la venta de marihuana a los viciosos y a los guerrilleros.
https://www.youtube.com/watch?v=NBoA4VpjCFg
Cabe resaltar que la presencia de estructuras paramilitares coincide con el avance del proceso de socialización del Área de Perforación Exploratoria – APE Guarupayo dentro del Bloque petrolero CPO 9.
En la actualidad las estructuras paramilitares realizan control de civil en los caseríos de la parte baja del municipio y desde allí seguimiento y control a los habitantes de la parte alta del mismo.
2.2 Municipio de Mapiripán
El municipio es controlado por estructuras paramilitares que tienen su base de operaciones en el caserío conocido como La Jungla, desde donde despliegan operaciones en Cooperativa, Guacamayas, San Andrés, con puntos de control. Desde ahí controlan los vehículos que se mueven por la vía al igual que las personas que salen y entran a la región.
En el caserío de Mapiripan hay presencia paramilitar, los cuales se movilizan en motocicletas dentro del casco urbano y a las zonas rurales. Cabe señalar que la presencia paramilitar incluye las zonas de cultivo de Palma aceitera perteneciente a la empresa POLIGROW, empresa italiano-española que desarrolla el mono cultivo de Palma en el municipio.
Los Urabeños operan en el área de la Finca Santa Ana, expropiada por Poligrow a miembros en proceso de sucesión de las tierras de la familia Aljure. Se mueven en el área que comprende el caserío de la COPERATIVA, el caserío del CIARE y el caserío de GUACAMAYAS. Entre quienes comandan esta estructura se encuentra el conocido con el alias de “El Tomate”.
Una tercera estructura se hace llamar como “Los Héroes o los Libertadores”, que tienen su lugar de operaciones en frente del municipio de Mapiripán, del otro lado del Río Guaviare, en ese departamento. Pero operan también en el casco urbano.
3 CHOCÓ
3.1 Cuenca del rio Curvaradó
Se conoce de la fuerte presencia de estructuras paramilitares en esta cuenca con la instalación de puesto de control en el puerto de Brisas del Curvaradó, comunidad de Llano Rico, Apartadocito, El Cerrado, Quebrada Montería y Despensa Baja. En estos lugares los paramilitares hacen constante presencia, amedrantan a las comunidades y líderes comunitarios. Adicionalmente se sabe que el centro de operaciones de estas estructuras es el corregimiento de Pavarandó, perteneciente al municipio de Mutatá y en Belén de Bajirá. Las operaciones las realizan en medio de la presencia policial y militar.
3.2 Pedeguita y Mancilla
En esta Cuenca se sabe del fuerte control ejercido por las estructuras paramilitares de Los Úsuga (Urabeños), quienes a lo largo de las comunidades de San Andrés, Santa María, Campo Alegre, Playa Roja y el Siete, que conforman el consejo comunitario, tienen una larga red de informantes y estructuras armadas, que controlan el tráfico de armas y de droga.
En Pedeguita se asientan los grupos herederos de SOR TERESA GÓMEZ, repobladores traídos en concurso con la Diócesis de Apartadó, concretamente a través del padre Leónidas Gallego. Desde allí se han creado grupos armados de civiles de presión que operan con la tolerancia y conocimiento de la policía de Urabá, que se encuentra en Belén de Bajirá. Allí se han definido estrategias para atacar a los reclamantes de tierras. Han torturado y quemado propiedades de los habitantes despojados que regresan.
3.4 Cuenca del rio Cacarica
La estructuras paramilitares ejercen actualmente control militar y social en los municipios de Turbo, Antioquia y Rio Sucio, Chocó. Así mismo, existe un control sobre los puertos intermedios de esta ruta sobre el rio Atrato, tales como: Bocas del Atrato, Tumaradó, Puente América o Travesía, La Honda y Yarumal, a través de informantes y personas armados vestidos de civil.
Los municipios de Turbo y Rio Sucio son los lugares donde las comunidades desarrollan parte de las actividades en cuanto a la venta de excedentes de producción, como la compra de bienes de supervivencia y también donde paramilitares controlan el ingreso de alimentos hacia el sector rural. Desde allí emiten ordenes y amenazas de detención bajo la premisa de que tienen destino a la guerrilla.
3.5 La Larga Tumaradó
Se conoce de la presencia de paramilitares en la comunidad de Tierradentro, quienes hacen presencia constante en estos territorios, así como el control ejercido por estas estructuras en el municipio de Belén de Bajirá, en donde tienen su centro de operaciones.
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VALLE
4.1 Buenaventura
En todo el Pacífico la desmovilización paramilitar del Bloque Calima fue parte de un montaje para legitimar el proceso de la ley 975, pero el territorio quedó y se mantiene hasta la fecha bajo el control de las estructuras que asumieron la fachada de Águilas Negras, Rastrojos, Empresa, Gaitanistas o Urabeños, pero mantienen la misma lógica de actuación al lado de la fuerza pública para garantizar el despojo desde el desplazamiento forzado, el control social territorial para el tráfico de droga y el favorecimiento a la inversión empresarial y extranjera en el principal puerto de Colombia y en medio de la mayor militarización que pueda tener una ciudad.
El control actual de Buenaventura está bajo el mando de los Úsuga.
El Distrito de Buenaventura está ubicado en la Costa Pacífica, del departamento del Valle del Cauca. Es el puerto por el que ingresa y sale el 60% de productos de la economía del país.
Un importante grupo de habitantes de este municipio se encuentra ubicado en barrios de “bajamar”, antiguos manglares cortados, aplanados y rellenados con escombros, donde los pobladores de Buenaventura, han construido sus casas, cerca del océano para desarrollar su actividad económica de supervivencia.
En el casco urbano de este puerto marítimo hace más de 5 años no se reporta presencia evidente de grupos guerrilleros. Las cifras de violaciones a derechos humanos y desplazamientos forzados es el más alto de todo el país. La mayoría de estas violaciones son atribuidas a los grupos sucesores de paramilitares que surgieron en Buenaventura luego de que el Bloque Calima de las AUC se desmovilizara en diciembre de 2004.
Al menos desde octubre de 2012, los Urabeños y la Empresa han sido los dos principales grupos neoparamilitares que se disputan el control de la ciudad y en la actualidad se consolida del grupo paramilitar conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Human Rights Watch en un reporte publicado hace varios meses, advirtió que “que barrios enteros de la ciudad se encontraban bajo el dominio de poderosos grupos sucesores de paramilitares”
El informe además indicó que:
“Estos grupos descuartizan a sus víctimas y arrojan los restos humanos a la bahía o en los manglares que se extienden en sus orillas, o los entierran en fosas clandestinas, según han señalado residentes y funcionarios. En varios de los barrios, los residentes denuncian que existen “casas de pique”, donde los grupos desmiembran a sus víctimas. Varios residentes con quienes hablamos indican que han escuchado a personas que gritaban e imploraban piedad mientras eran desmembradas en vida”.
En el casco urbano de Buenaventura se ha reportado la existencia de fronteras invisibles donde se restringe, de facto, la movilidad de los habitantes, ello se suma a que los chantajes, la extorsión y las amenazas se han acentuado en los últimos meses.
Human Rights Watch también reportó que “Los Urabeños y la Empresa han controlado la circulación de residentes entre los distintos barrios de la ciudad. Los grupos vigilan de cerca a las personas que transitan por diversas calles o barrios donde tienen presencia activa. Si ingresa a un barrio una persona que el grupo que lo controla no conoce —o que se sabe que proviene de una zona dominada por un grupo rival— se expone a que se presuma que tiene vínculos con enemigos y a ser asesinada o ser desaparecida”.
Según los reportes de la Defensoría del Pueblo desde el 2013 se ha observado la instalación de prácticas como el desmembramiento y la tortura. Entre junio y octubre de 2013 se conocieron ocho casos de esta naturaleza, y el último reportado hasta el 7 de noviembre del año pasado se reportó durante la primera semana de ese mes cuando fueron hallados los restos de un menor de edad que trabajaba como motorista de una lancha de pescadores, y de quien apenas se encontró el tronco en un sector del barrio Viento Libre.
Human Rights Watch en un informe publicado en el 2013 reportó que “durante el último año y medio, se hallaron en Buenaventura restos humanos descuartizados que pertenecían al menos a una decena de personas, muchos de los cuales aparecieron en las playas y costas de la ciudad y zonas aledañas, conforme indican versiones oficiales y artículos en los medios”
Adicionalmente, el reclutamiento forzado, incluidos menores de edad, por parte de grupos neoparamilitares también ha sido advertido por organismos nacionales e internacionales. En 2013, la Personería de Buenaventura recibió denuncias de 35 casos de intentos de reclutamiento forzado que afectaban mayormente a víctimas de entre 17 y 25 años.
Con la finalidad de tener controlada a la comunidad y tener informantes dentro de sus filas, las estructuras paramilitares han incorporado niños, niñas y jóvenes del sector. En el caso de los niños estos son vinculados desde muy temprana edad como informantes o “campaneros”; son los que brindan datos de la presencia de extraños en la calle, al mando de los paramilitares. Algunos niños y niñas han sido vinculados como informantes y han sido enseñados a cometer actos crueles como a descuartizar gatos y perros.
Dentro del proceso de introducción a la estructura paramilitar se les vincula con el consumo de drogas, se les paga mensualmente con dinero o con drogas psicoactivas, como la marihuana, el bazuco o la cocaína; se les instruye en técnicas de terror e intimidación, uso de armas AK y de 9 mm, y en la muerte violenta de gatos y de perros.
La mayoría de los comandantes de los barrios son jóvenes entre los 18 a 25 años, los cuales en la mayoría de los casos son los responsables de prácticas tan atroces como el descuartizamiento de personas o ”pique”. Un joven puede recibir mensualmente un promedio de $700.000, equivalente a 350 USD
Conforme a la información documentada por la Comisión de Justicia y Paz, en el área urbana relatan que desde noviembre de 2013 hasta la fecha han sido asesinadas entre 80 a 100 personas. Dado el enorme temor que enfrentan los habitantes de Buenaventura y los temores por represalias, existe en varios casos información precaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se han desarrollado varios de los homicidios y actos de tortura.
La estructura neoparamilitar Los Gaitanistas, salieron del sector de Piedras Cantan por presión de la comunidad en el mes de noviembre 2014 y a pesar de haber solicitado la intervención urgente por parte de la Policía Nacional, lamentablemente no hubo una reacción institucional adecuada al riesgo que asumió la comunidad, posibilitando nuevamente el asentamiento de otro grupo neoparamilitar, mal llamadas BACRIM, en la calle Piedras Cantan.
Según una fuente policial, en el lugar agentes estatales habrían incautado armas de fuego luego de la solicitud de intervención del Estado. Sobre este supuesto hallazgo no hay reportes oficiales ni en medios de información, lo que resulta bastante extraño, tan extraño como el hecho que a pesar de la presión de la comunidad horas después y ante la ausencia de una permanente presencia policial en los lugares de acceso a la calle, los paramilitares en este sector se asentaron nuevamente.
4.2 Cuenca del Río San Juan
La presencia paramilitar en este sector, ha estado en disputa por las Águilas Negras y los Rastrojos. Este sector es de gran importancia para ellos pues es uno de los corredores principales del narcotráfico. Han ocasionado desplazamientos de los pobladores en diversas ocasiones. En el año 2010 asesinaron a dos afrodescendientes, uno de ellos, Edwin, fue asesinado por los paramilitares en presencia de la Infantería de Marina, según un testigo de la región. Estas estructuras hacen presencia en Isla de Mono, Cabeceras y García Gómez.
4.3 Trujillo
Hoy 25 años después de la masacre de Trujillo, esta localidad sigue en manos del paramilitarismo. El terror se impone para favorecer verdades a medias como las que registra el informe de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, y la respuesta de solución amistosa que recibimos las víctimas el pasado 14 de abril.
Hoy es un secreto a voces que tanto en el casco urbano, como en la zona rural de Trujillo, la estructura paramilitar de Los Rastrojos controla el poder político incidiendo en la elección de alcaldes y concejales, controla el poder económico derivado del procesamiento y negocio de la droga, vinculando niños desde los 10 años, en el consumo y en el micro tráfico de estupefacientes, especialmente en el área urbana, así como en labores de red de informantes o de reclutamiento como campaneros. Controla el poder económico derivado de la extorsión y cobro de impuestos a campesinos y ganaderos de la región; controla el poder social, interviniendo en la vida familiar y comunitaria, especialmente de las áreas rurales.
Hoy es un secreto a voces que la desmovilización de paramilitares en Trujillo, como la del Bloque Calima en 2005 y la de algunos miembros de Los Rastrojos en abril de 2013, ha sido una farsa y que incluso casos como el de alias “Chorizo”, capturado desde mayo de 2014, muestran que desde la cárcel se sigue con el mismo poder paramilitar sobre Trujillo.
5 CAUCA
5.1 Mercaderes
Algunos de los paramilitares que controlaron la zona de Mercaderes se hacían llamar con alias Robinson, Moneda, Enano, William . Actualmente no son tan visibles, pero conservan el control de algunas zonas en Mercaderes, sitios como Arboleda, El Pilón, El Bado, Cajamarca, la carretera Panamericana entre el Estrecho hasta el Bordo Cauca. Cajamarca vereda de Mercaderes y el Pilón son las zonas de control más fuerte del paramilitarismo en la actualidad, y son lugares donde actualmente están desarrollándose procesos de Minería y sísmica.
En Julio del presente año 2015 se encontró el cadáver degollado de un anciano agricultor en su finca en Mercaderes, crimen atribuido a paramilitares. El 29 de Julio también fueron asesinados dos adultos pesadores de ganado en las afueras de Mercaderes Cauca. Últimamente llegan a la morgue de Mercaderes muchos cuerpos con señales de tortura.
6 COSTA ATLANTICA
Entre el 2008 y 2011 los grupos narcoparamilitares derivados de las estructuras desmovilizadas hicieron presencia constante en los 7 departamentos que integran la región Caribe, específicamente en 88 municipios. A la fecha ya existe un proceso de reingeniería consolidado que se percibe por la capacidad operativa de distribución de cada una de sus estructuras a lo largo y ancho de la región.