La denuncia de ejecución extrajudicial del emerretista Eduardo Cruz Sánchez (a) “Tito”, tras el rescate de rehenes en el Operativo Chavín de Huantar, cobró un nuevo giro al cambiar la acusación fiscal de autoría mediata por la de comisión por omisión, con lo que el caso entró en una especie de limbo jurídico.
Esta insólita situación se remonta cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la investigación en torno a la muerte de “Tito”, perpetrada el 22 de abril de 1997, por lo que el fiscal denunció el caso como ejecución extrajudicial responsabilizando al coronel EP (r) Jesús Zamudio Aliaga, como autor mediato, en un crimen atribuido a los llamados “gallinazos”, quienes actuaron independientemente al operativo que realizaron los comandos del Operativo Chavín de Huantar.
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De esta manera se responsabilizaba también, como parte de la cadena de mando, al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, al ex Jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos y al coronel EP (r) Roberto Huamán, en el típico delito de autoría mediata.
En la primera audiencia del juicio oral se precisó que la Corte Suprema de Justicia resolvió en el 2013 que en este caso no correspondía acusar de homicidio por autoría mediata, pues no existen pruebas suficientes de una cadena de mando en la ejecución extrajudicial del emerretista, por lo que ratificó la absolución al exasesor presidencial y jefe del SIN, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa Ríos y Roberto Huamán Azcurra,
Como el coronel EP (r) Jesús Zamudio se encontraba prófugo, su juzgamiento se suspendió.
El problema surge al desbaratarse la vinculación de la caderna de mando y, por lo tanto, se esfuma la acusación de autoría mediata.
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En otro giro de 90 grados para salver el proceso, el fiscal superior Hernán Mendoza acusó a Jesús Zamudio Aliaga por el delito de comisión por omisión, en la muerte del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, “Tito”, quien se encontraba rendido tras el operativo de rescate Chavín de Huántar.
El fiscal explicó a la Sala que ya no podía sostener la acusación por autoría mediata, variando a la de comisión por omisión que se sanciona hasta con 15 años de cárcel, lo que fue rechazado por la defensa de Jesús Zamudio y, para variar, por los procuradores del Consejo de Ministros y de Defensa.
Hernán Mendoza insiste que la acusación sea por el delito de comisión por omisión, manteniendo el pedido de 15 años de cárcel. “Esta acusación complementaria es la forma de llevar a cabo el juicio”, indicó.
El magistrado manifestó que si la Sala aprueba el pedido, presentará hechos nuevos que sustentan el cambio de título de autoría.
La Tercera Sala Penal Liquidadora suspendió el pasado lunes la audiencia del juicio oral contra el coronel del Ejército en retiro Jesús Zamudio Aliaga debido a que aún no resuelve el pedido del Ministerio Público para cambiar la acusación fiscal.
Jesús Zamudio se entregó el último 21 de agosto tras 13 años de estar prófugo de la justicia y, pese a estar ahora en el banquillo de los acusados, se encuentra en un limbo jurídico mientras que la Corte Internacional de Derechos Humanos demanda que se investigue la ejecución extrajudicial. Un rompecabezas que, como suele suceder, termina favoreciendo a ciertos acusados que parecen estar blindados contra todo expediente.