El abuso de la prisión preventiva está en el candelero después de la sentencia del Tribunal Constitucional a favor del Habeas Corpus demandado por Ollanta Humala y Nadine Heredia. En el Perú los penales están llenos de reclusos sin sentencia cuyos cargos no han sido probados en juicio y muchos ni siquiera tienen acusación fiscal.
La legitimidad de las sentencias o de los fallos del Poder Judicial y del Ministerio Público depende del debido proceso y del respeto a las garantías de justicia, entre ellas la presunción de inocencia y la celeridad. Es indispensable que toda sentencia de prisión se sustente siempre en delitos probados, es decir después del juicio correspondiente. Hay un abuso del recurso a la prisión preventiva y los magistrados del TC han establecido un referente hacia adelante. Luchar contra la corrupción de modo efectivo y eficiente requiere de una sólida institucionalidad dentro de la democracia y el estado de derecho. Esta es la base.
No es lo mismo que autoritarismo o arbitrariedad que no abona en ninguna eficacia modélica para la disuasión. La justicia no puede basarse en excesos ni abusos de poder. Las instituciones importan dicen los grandes organismos multilaterales y en el caso presente un tribunal alto e inapelable ha puesto su opinión informada por encima de las presiones mediáticas y políticas, como debe ser.
Porque no pueden imponerse los juicios mediáticos. Aquellos que permiten que medios y periodistas sean los que diriman sumariamente y pretendan imponer sentencias sin las garantías de justicia en especial con poco respeto a la presunción de inocencia. Una prensa independiente y libre de cualquier poder político o económico es indispensable. Si no existe se distorsiona la impartición de justicia, se contamina o se obstruye generando el efecto contrario a la defensa de la sociedad. La justicia no se banaliza.
Ello no quiere decir que no exista censura social sobre el manejo político de la mal llamada pareja presidencial del humalismo, ni que deje de investigarse severamente su presunto lavado de activos y menos que se deje pasar la soberbia y el descarado protagonismo que implicó la usurpación del poder por Nadine Heredia. Y por supuesto la responsabilidad del expresidente que la permitió. El elegido fue él y no ella y toda traición a la representatividad entregada por el voto popular es censurable. A lo que se agregarían contra él los gravísimos cargos por el caso Madre Mía.
El TC ha puesto las cosas en su sitio en un procedimiento en que los imputados estaban en prisión mientras otros personajes en casos similares llevaban su proceso en libertad. Para los Humala Heredia no hay acusación fiscal ni inicio de juicio. Que los juzguen, que les prueben los cargos y entonces que los pongan en prisión, no antes.