La grita por la llamada Ley Mulder ha arreciado y el debate sobre la prohibición de la propaganda del gobierno en los medios privados está en todos los espacios. Es cierto que prohibir no es regular y que el Congreso ha dejado pasar una gran oportunidad de debatir seriamente este tema de gran importancia para los dueños de los medios por los grandes recursos que ya han comenzado a perder. Pero también de gran importancia para la sociedad como titular del derecho a la información. Es cierto que no se trata de información sino de publicidad pero al afectar económicamente a medios en crisis se les obliga a disminuir planilla y calidad de la información o en el extremo a desaparecer. También es verdad que con los excesos de pagos por publicidad el gobierno puede influir en las líneas editoriales. Sin llegar al soborno el gobierno y los medios ingresan a una cercanía sospechosa.
El equilibrio entre ambos extremos es lo deseable. La modificación o la derogatoria de la Ley es urgente para los medios y la presión sobre el Tribunal Constitucional se acentuará con el paso de los días que se cuentan en dinero que no ingresa a las cajas mediáticas.
Si lo que querían sus mentores era la regulación no la lograron al haber optado por la prohibición total. Pero han abierto una puerta tanto para las excepciones necesarias como para que los presupuestos del Estado no tengan uso político indiscriminado de arreglo o disuasión. Lo que no debe pasar es que los intereses autoritarios de Fuerza Popular prosperen para la venganza o el amedrentamiento a la prensa. El fujimorismo tiene demasiado rabo de paja en su relación con los medios para que alguien pueda creer en sanas intenciones de proteger al erario público castigando a la prensa adversa o poco complaciente. Este castigo sí podría llegar a distorsionar contenidos y afectar el derecho a la información.
La pauta publicitaria estatal no puede ser abierta, ilimitada y sin racionalidad. Si queremos proteger a la prensa crítica e investigadora no será haciéndola dependiente de dádivas por publicidad oficial. Y menos comprando directamente líneas editoriales como lo hizo Fujimori para controlar comunicación e información, corrompiendo a los dueños de algunos medios.
La ley Mulder sirve al fujimorismo para sus afanes de cambiar la historia de su ADN noventero aunque ahora griten no a la corrupción y al control mediático. Son autoritarios y lo seguirán siendo. Los estamos viendo, intolerantes ante las críticas, con una pésima gestión parlamentaria que convoca el consenso ciudadano en contra. Pocos dudarían de que deben rectificar.