Todo indica que aquello de puro “cuento chino” (léase promesas sin cumplir o mentiras) no se da en la milenaria China, sino más bien aquí en esta tierra tan querida, que es la nuestra. Fíjense no más que, mientras allá en el Lejano Oriente se construyen hospitales en 10 días para afrontar la devastadora epidemia, conocida como Coronavirus aquí en nuestro medio transcurren 10 años, se coloca la primera piedra, y los hospitales ofrecidos no tienen ni siquiera el primer cimiento.
El comentario viene a propósito de las reformas políticas que se tienen en la agenda de las buenas intenciones. Una de ellas referida a la bicameralidad, que consiste en institucionalizar una Cámara de Diputados y un Senado de la República. La primera fundamentalmente de carácter político y la segunda de reflexión sobre el mismo quehacer, razón por la cual los promotores le han dado en llamar la madre de la reforma.
La idea no es mala. Es digna de ser tomada en cuenta. Pero, ¿Cuándo y para qué es necesaria la institucionalización de la bicameralidad? Esta es la interrogante que, posiblemente, se hagan muchos ciudadanos. ¿Será acaso la repetición de aquellos tiempos cuando la antigua Cámara de Diputados y Senado de la República, no tenían coincidencias para lograr el desarrollo político, económico y social del país? Los viejos cronistas parlamentarios traen al recuerdo numerosos acuerdos adoptados bajo mesa, que sirvieron, con frecuencia, para los intereses de personajes influyentes y de grupos poderosos, nacionales y extranjeros, en el mundo de las finanzas, en el mal uso del tesoro público y, sobre todo, en la explotación de los recursos naturales. Tales actos han sido causa del atraso en el que se encuentra la nación, desde los inicios de la república y peor, luego de la infausta “Guerra del Pacifico”.
Sin embargo, la importancia de la bicameralidad podría ser un acierto, siempre y cuando se logre salir del sistema democrático formal ya establecido, para empezar un andar diferente hacia un sistema democrático con participación real de la ciudadanía.
¿En qué consiste ello? Solamente a manera de ilustración podríamos repetir lo que expertos en la materia se refieren al ámbito de la participación, que significa, repito, la participación que debe producirse en el proceso de toma de decisiones. En algunos casos, tales estudiosos señalan que la decisión compete al conjunto de la población; ello ocurre, por ejemplo en el orden político, respecto a resoluciones en las cuales se adoptan los criterios fundamentales que orientarán el proceso social en su conjunto, o a través de los cuales se seleccionan las personas que han de integrar órganos de gobierno o de gestión común.
En este caso se plantean problemas como la universalidad del sufragio, la pureza y libertad de los procesos electorales; la representatividad de los seleccionados para ocupar los cargos de gobierno o gestión común; las formas de democracia directa que han de llevarse a la práctica. Del mismo modo que, en otros casos los más, estarán en cambio ante una decisión que debe ser tomada por un órgano especializado y en la cual es necesario que participe la población.
Ojo, pestaña y ceja a lo señalado. ¿Se tomarán en cuenta estas recomendaciones, que siguen teniendo actualidad dentro de una auténtica democracia? Los estudios y debates ocurridos en múltiples foros nos dicen que aquí inciden otras consideraciones; por una parte la diversidad de sectores afectados y la intensidad o globalidad con la cual la decisión les puede afectar; o la otra manera como la pluralidad de intereses y opiniones ha de ser asumida por el órgano competente para decidir.
El tema da para mucho más. Hay que recalcar que el derecho y deber de participar se consolida respecto de un sector de la población en la medida en la cual esté más global, directa e intensamente afectado por la decisión que se debe tomar. Es claro que la multiplicidad de decisiones que se adoptan en una institución dará origen a distintos grados de afectación y a una diversidad de sectores afectados. Ello comportará una pluralidad de soluciones estructurales y funcionales.
Estas experiencias basadas en estudios de larga data, podrían contribuir a la divulgación previa que es menester oriente a la ciudadanía. No vaya ser que la idea de la bicameralidad, termine siendo una bonita promesa y nada más. Una buena intención y san se acabó. El país ya no soporta más “cuentos chinos”. La posibilidad de lograr una reforma política, que incluya la institucionalización de la bicameralidad, podría significar un paso adelante, siempre que se dé sobre un eje vital que es el de construir la democracia participativa.