La cercanía de los actos celebratorios del bicentenario de la emancipación política del Perú viene movilizando a diferentes sectores de la sociedad nacional. Se advierte ello, sobre todo, en el campo de las letras y de las ciencias. El quehacer político, con todas sus contradicciones, sin embargo, está animado por el afán de presentar obras materiales que marquen la diferencia entre un país dependiente de un coloniaje virreinal y un país republicano que aspira a vivir en una democracia real.
Esto último sigue siendo un anhelo. Prácticamente un sueño irrealizable. El tercermundismo continúa vigente como un estigma que no hemos podido superar. Así tenemos, por ejemplo, el caso de la deuda social. Deuda que sigue creciendo a medida en que crece también la población ausente de la protección tan propia en otras latitudes, en donde cada quien es tratado como ser humano.
Nos estamos refiriendo a un tema de actualidad: La protección social, un concepto en donde encuentran complementariedad la seguridad social y la asistencia social, los dos principales componentes de un sistema que merece ser desarrollado a plenitud.
A juicio de Ramiro Guerrero, experto colombiano, el concepto de la seguridad social incorpora una mayor prevención de los riesgos y una ampliación de su cobertura hacia poblaciones sin empleo formal. En tanto que el rol de la asistencia social se da dentro del marco de las políticas contra el fenómeno de la pobreza.
Lo expresado actualiza lo que ya hace poco tiempo, bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se discutió en nuestro país bajo el rubro de “Análisis Integral de la Protección Social en el Perú”. En el ítem 1.5 relacionado con el programa laboral y situación social se señala que “pese al excelente desempeño económico del Perú, la mayor parte de la población no experimenta una mejora sustantiva en su nivel de vida”. A continuación se explica que “lo sucedido en el país desde 1995 es una muestra de que el crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para elevar el bienestar de la población”. La débil capacidad de gestión del estado para asignar los recursos públicos hacia efectivas mejoras en la situación social; el dinamismo de sectores poco intensivos en mano de obra, y la deficiencias en materia de capital humanos son, desde la perspectiva de Parodi (2014), parte de la explicación, a lo que se suma la ausencia de reformas en sectores clave como educación y salud.
Estudios como el señalado, no cabe duda, son de gran importancia. El problema está en que no existe mayor preocupación de parte de la clase política y de la burocracia estatal en general, por aprovechar los mismos. La primera enfrascada en enfrentamientos que muchas veces trata de ocultar actos de corrupción o simplemente encontrar la mejor manera de ganar primeras planas en los medios de comunicación. La segunda sobrevive satisfecha de los ingresos que persigue sin mayor esfuerzo y hasta podría asegurarse hasta nulo esfuerzo, protegida por la influencia del poder político del Perú.
Ante esta situación y siguiendo las recomendaciones del análisis realizado con auspicio de la OIT sobre las políticas de protección social, no queda otra que tomar en consideración la influencia que sobre su definición tiene cada entorno político institucional. Así como, el clima de ideas que determina los alcances de los debates. Hay espacios, hay tiempos. Lo que hace falta voluntad política para sentar las bases de la protección social, como ejes de una real democracia en un país en donde la población mayoritaria tiene hambre de justicia.
1. Parodi, C. (2014), Perú 1995-2012. Cambios y oportunidades, Ed. Universidad del Pacífico, Lima.