Con su reciente obra el jurista Julio Falconí González le entrega a la sociedad peruana, acostumbrada a pasar por alto los agravios que tanto daño ocasionan al Estado de Derecho, un estudio de la mayor trascendencia que es posible repercuta en favor de una mejor administración de justicia. Es lo que se anhela. Con estas expresiones he prologado, a solicitud del autor, el libro que lleva por título “Hipótesis y conclusiones sobre el caso Uchuraccay: El juicio oral y el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, el mismo que fue presentado en el auditorio de la histórica Asociación Nacional de Periodistas del Perú”.
Creo en la reconocida honestidad del autor, profesional de admirable trayectoria jurídica y por eso señalo que “el trabajo realizado, puede afirmarse, es el resultado de una severa investigación, de un análisis a profundidad de lo actuado, con hallazgos que eran de esperar dadas las cualidades de este hombre de leyes, que no ha escatimado sapiencia y valor, para expresar lo que muchos quieren que se mantenga dentro de los cuarteles del secreto más absurdo”.
Pero más allá de los alcances del trabajo jurídico realizado por Falconí González, pienso que es menester subrayar con un aspecto al cual adherimos. Me refiero a la forma como pone al descubierto la pobreza moral que subsiste en la administración de justicia. Perspectiva cultural que nos exige reflexionar sobre los sistemas legales y sociales, en cuanto sistemas de sentido, es decir en cuanto modo humano de habitar el mundo. Miramos el mismo fenómeno desde perspectivas diferentes. Existe una interrogante que preocupa en ese cometido. Al preguntarnos por la relación de pobreza moral y administración de justicia, al mismo tiempo nos preguntamos por los procesos, formas y mecanismos de legitimación de tal pobreza moral, de la cual todavía resulta difícil salir.
Lo anterior se explica al observar lo poco que se ha avanzado desde el año 2003 a la fecha, cuando los familiares de los ocho periodistas y el guía que los acompaño hasta Uchuraccay, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando su frustración e impotencia que resulta de denunciar año a año la impunidad en las muertes y haberse obtenido promesas o indiferencia e inactividad por las autoridades del Estado peruano de esclarecer las muertes y, en la práctica, darse por concluido el caso y cerrada cualquier posibilidad de continuar con las investigaciones en la jurisdicción interna del Perú, todo lo cual constituye la síntesis de lo que ha significado investigar el caso Uchuraccay en la jurisdicción interna peruana.
¿Llegará a darse el caso de una verdadera justicia frente a tal ignomia? Falconí González responde que “aquellas posibilidades en el presente caso no aparecen como próximas, ni posibles, sino todo lo contrario, pues conforme se puede colegir del contenido de lo expresado por la representación del Estado peruano, la Procuraduría Pública no admite ningún punto de cooperación o conciliación, sino que se da una cerrada respuesta a la denuncia, lo que no permite tener esperanza ni optimismo de una solución a corto plazo, sino más bien, de que avance el procedimiento y de ser necesario llegue a la Corte y que una decisión internacional fuerce un cambio de actitud”.
En una nueva coincidencia de criterios con el autor, ahora podemos manifestar con mayores esperanzas que la solución al caso Uchuraccay siempre ha estado, está y estará en la decisión política de los gobernantes peruanos dispuestos a investigar lo que realmente sucedió el 26 de enero de 1983 en esa comunidad andina.