Desde hace 36 años se mantiene en el misterio una serie de hechos que no han permitido revelar, con un mayor grado de veracidad, qué sucedió en Uchuraccay antes y después del horrendo asesinato de los 8 mártires del periodismo nacional y del guía que les acompañó en esos postreros momentos.
Por eso creo que es necesario tratar un tema, sumamente delicado, que lleve a la reflexión a las autoridades de los poderes del Estado y a la sociedad peruana en general, acostumbrada a pasar por alto los agravios que tanto daño ocasionan al Estado de Derecho.
Sobre este particular, debemos tener presente que la exposición y reconstrucción de aquel asesinato y las conclusiones a las que se arribaron, durante el proceso judicial, no han sido lamentablemente objeto de seguimiento, a pesar del tiempo transcurrido, por los funcionarios pertinentes. Esto hace que cada año el gremio de la prensa, de manera especial la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, acompañada de ese doliente cortejo, constituido por los familiares más cercanos de quienes ofrendaron su vida al ejercicio cabal de la profesión periodística, reclame el derecho a que se haga justicia.
Descartada por una serie de vicios, la tarea protocolar que se encargó a la comisión de académicos que designó el gobierno de Fernando Belaunde Terry, ahora estamos viviendo un nuevo tiempo que, ojalá, sea de provecho cívico para quienes, teniendo poder político y jurídico, puedan hacer historia con una actuación trasparente que permita lo que hasta ahora se oculta respecto a ese crimen de lesa humanidad. La comisión presidida por el Nobel de Literatura, dejó vacíos e incertidumbres, y lo que es más grave trató de imponer su informe como directiva o guía a las actuaciones de los jueces y fiscales y hasta pretendió que se incluyera e incorporara como parte del expediente judicial.
Cuánta razón tuvo el Fiscal Superior Ad Hoc Jesús Betancourt Rúnzer, cuando en la fase final del juicio oral del Caso Uchuraccay, efectuó el alegato contra la violencia política y reclamó el respeto que merecen la vida y la dignidad de las personas, y que ahora recordamos, en razón de que fue una pieza procesal que mantiene vigencia para esclarecer los hechos ocurridos en la comunidad de Uchuraccay.
Se nos viene a la memoria, aquel instante cuando el citado magistrado, con voz clara y terminante, frente a los jueces y testigos que lo escuchaban, dijo: “Es natural que han quedado muchas cosas sin recibirse; y ha habido muchas presiones para que algunos elementos de juicio no lleguen a conocimiento del tribunal…”, explicando de esa manera que, aún cuando se había producido el desfile de testigos presenciales, testigos referenciales, acusados, militares y policías, todavía había mucho camino por recorrer y que él guardaba la esperanza que se llegara al final.
Han transcurrido los años y esa buena intención no se ha hecho realidad. Hoy en día nadie menciona que los ocho periodistas-mártires partieron a la zona en conflicto, al advertir la falta de credibilidad en los informes oficiales y nada convincentes explicaciones del Comando Político Militar a cargo del General Clemente Noel Moral, sobre lo que efectivamente estaba ocurriendo en las comunidades campesinas, particularmente en Huaychao; tampoco se hace referencia del porqué los controles policiales de La Magdalena no les advirtieron de ningún riesgo o peligro en la citada zona; mucho menos se trae a colación que durante la caminata hubo oportunidad de dialogar con residentes de los pequeños villorrios, inclusive en quechua, dado que Octavio Infante García, Félix Gavilán, Pedro Sánchez Gavidia y Amador García Yanque eran quechua-hablantes, sin que los alertaran sobre los riesgos que estaban corriendo; tampoco existen precisiones sobre la sorpresiva actitud asumida por el comunero Ignacio Gálvez Ñaupa, quien aprovechando que los periodistas se identificaban y dialogaban con el Teniente Gobernador, bajando a Uchuraccay, procedió a llamar a todos los comuneros y autoridades del lugar para que los cercaran y amenazaran, con sus hondas, hachas, huaracas y otros instrumentos de labranza.
Esos y otros episodios han quedado en el olvido, entre los cuales se puede citar la presencia real de efectivos militares o policiales entre los campesinos, cumpliendo acciones encomendadas por su Comando en un poblado que se caracterizaba por constituir una comunidad tranquila y pacífica, que eludía entrar en dificultades y que generalmente se dedicaba a los quehaceres agrícolas y que eran sumamente respetuosos de las leyes y de las órdenes que impartían las autoridades de uniforme militar o policial, a quienes llamaban “jefes”.
En este propósito de esclarecer y abrir espacios al silencio existente, me pregunto: “¿Ocurrió un lamentable error por parte de los comuneros que confundieron a los periodistas con senderistas y que recurrieron a defenderse de un probable ataque de estos?”. Las investigaciones posteriores señalan que eso era imposible, porque los comuneros se encontraban en condiciones de distinguir un arma de fuego con una metralleta, un revolver de una cámara fotográfica y más aún, a pesar de que la comunidad no se encontraba integrada a nuestra sociedad por razones culturales, geográficas y económicas, eso no significaba que estuvieran abandonados totalmente del mundo moderno. Habría que agregar otros aspectos existentes en la vida cotidiana de los uchuraccaínos, quienes contaban con receptores de radios y escuchaban las transmisiones de las emisoras de Ayacucho y Lima, que visitaban la ciudad de Tambo, dotada esta de televisión y que bien sabían lo que era un tocadiscos y una grabadora, un reloj y otros artefactos eléctricos-domésticos porque acostumbraban a realizar semanalmente visitas a Huanta en donde podían vender y comprar productos y observar que los policías y militares portaban armas de fuego. Por lo demás en autos figura la declaración de la profesora Alejandrina de la Cruz, quien informó ante los jueces que ella había llevado en varias oportunidades una cámara fotográfica para hacer tomas a sus alumnos y padres de familia y que para los efectos de fotografías individuales, los comuneros y sus hijos viajaban a Tambo y Huanta para cumplir con tal necesidad.
¿Los periodistas portaban una bandera roja y dieron vivas a Sendero Luminoso?. El General Noel fue quien inicialmente manifestó tan temeraria afirmación el 30 de enero de 1983 durante una conferencia de prensa. Sin embargo, el mismo uniformado posteriormente se desdijo ante la Sala del Octavo Tribunal Especial de Lima (la Corte Suprema había dispuesto el traslado del caso de la Corte Judicial de Ayacucho a la de Lima, debido, principalmente, a la ausencia de garantías en dicha zona para llevar a cabo un proceso de tales características y por ser el centro del conflicto que existía en dicho momento), indicando que todo era producto de una versión no confirmada que le había llegado desde Tambo y que había sido sorprendido por el teniente Vidal Ulloa y el capitán Bravo Reid, así como, las versiones del oficial de la Infantería de Marina Galo Calvacanti. Todo fue producto de una versión antojadiza, sin fundamento y sin pruebas. El trapo rojo era pertenencia del teniente gobernador de Iquicha Julio Huayta.
¿Cómo resolver el enigma de tan repudiable asesinato? Han transcurrido 36 años y la justicia brilla por su ausencia. Los comuneros acusados Simeón Auccatoma Quispe, Mariano Concepción Ccasani Gonzales, Dionisio Morales Pérez, fueron condenados a prisión y la mayoría de ellos han fallecido. No se hizo mención alguna sobre el señalamiento de los magistrados sobre la responsabilidad directa que le cupo a los funcionarios del Estado, algunos de ellos de las más altas esferas del poder político. El abogado Julio Falconí Gonzáles, letrado a cargo de la defensa de los derechos de los deudos, asume que la solución al caso Uchuraccay siempre ha estado, está y estará en la decisión política de los gobernantes peruanos, dispuestos a investigar lo sucedido el 26 de enero de 1983 y no depende, exclusivamente, de los tribunales internacionales, pues al final de cuentas el eficaz y fiel cumplimiento de las resoluciones o sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Internacional de Derechos Humanos, dependerá de la decisión política de los gobernantes.
Además agrega una gran verdad: “Los justos no desesperan, ni abandonan la lucha fácilmente”.