Último juicio a Fujimori: La matanza de Pativilca

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En momentos que se descalabra la mayoría fujimorista en el Congreso y afloran las denuncias de corrupción, como recuerdos del futuro, el ex presidente, Alberto Fujimori es acusado por el secuestro y matanza de un estudiante, tres agricultores, un chofer y un profesor, en Pativilca.

A diferencia de las masacres perpetradas en la quinta del jirón Huanta así  contra un profesor y 9 alumnos de La Cantuta, el grupo Colina no ejecutó la matanza acusando a sus víctimas de terroristas sino atendiendo al pedido de un empresario chino como favor personal del entonces todopoderoso general Nicolás de Bari Hermoza Ríos.

A sabiendas que no existían proceso judicial ni acusaciones que vincularán a las víctimas, aparte sus protestas por los abusos, el destacamento del Grupo Colina, encabezado por Martin Rivas, quien trataba de “justificar” los crímenes de lesa humanidad con la lucha antisubversiva, se trató de un crimen por en cargo.

Pero el Grupo Colina, como brazo armado del otrora Servicio de Inteligencia del Ejército, puso en marcha el asesinato masivo de las víctima a las que secuestró y torturó cruelmente antes de acribillas a balazos.

Más de dos meses después de la masacre de Barrios Altos y seis meses antes del caso La Cantuta, el 29 de enero de 1992, los verdugos del Grupo acudieron a Pativilca para cumplir con un “encargo” del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, como señalan expedientes judiciales.

Un empresario chino que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José, tuvo la macabra idea de acusar falsamente a quienes ocupaban estas zonas, como senderistas, y pidió a un familiar cercano a Hermoza que “le diera una mano”.

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La operación fue realizada de madrugada. La Comisión de la Verdad y Reconciliación reconstruyó el hecho con testimonios y estableció que los asesinos ingresaron por la fuerza a las casas tardaron una hora y media: de 2:30 a 4 a.m.

Todas las víctimas eran vecinos. Uno a uno, los arrastraron, los golpearon y los subieron a vehículos en medio de la apacible noche de verano de Pativilca. Los testimonios de los testigos (hijos, esposas de los asesinados) coinciden en que los comandos llevaban ropa oscura y que para su fin utilizaron desmedida violencia. Nunca más los volvieron a ver.

A esos niveles de “lucha antisubversiva” el camino más fácil de los verdugos era “desaparecerlos”, es decir secuestrarlos y ejecutarlos para que no sean procesados judicialmente o utilizando el ardid de que eran víctimas de venganzas senderistas.

21 enero 2018

Amparado por la orden impartida por Hermoza Ríos, el destacamento de aniquilamiento del Grupo Colina llegó a las dos de la madrugada a Pativilca y secuestró  a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29) .

Actuaron con espeluznante salvajismo, torturaron a los secuestrados  con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano, y virtualmente los molieron a patas para después rematarlos  con balazos en la cabeza y lanzar Los cadáveres en un cañaveral.

En las investigaciones se estableció que el  crimen tiene el mismo modus operandi del registrado en la provincia de El Santa, en la región Áncash, el 2 de mayo de 1992, dos meses antes de la masacre de La Cantuta.

21 de marzo 2018

Implican a Fujimori

En las investigaciones fue clave la declaración del  técnico de Segunda EP, Jorge Ortiz Mantas, miembro  del destacamento Colina,  quien confesó su participación en la masacre de Pativilca y se convirtió en testigo  clave para dar con la responsabilidad de Fujimori.

Este suboficial EP (r) es uno de los exagentes que sustentó la cadena de mando en los crímenes de Grupo Colina donde figuraba, además de Hermoza Ríos, el presidente Alberto  Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos.

El 8 de febrero del 2008, en una sesión judicial, Ortiz Mantas incriminó a Hermoza Ríos de señalarles  que respondía a las órdenes de Fujimori.

25 de enero de 2018

Ante la pregunta del juez sobre la cadena de mando de Colina, el exagente respondió:

“(El mayor Santiago) Martin Rivas, (el coronel) Fernando Rodríguez Zabalbescoa, (el general Federico Navarro Pérez, el director de la Dinte, el jefe de Estado Mayor y el comandante general del Ejército (Nicolás Hermoza). Nos dieron un almuerzo, lo que demuestra que el general Hermoza sabía (…) En el Ejército no es posible. Nada se hace sin una orden superior”.

Esta declaración, además de sentencias judiciales como las de los casos La Cantuta y Barrios Altos, que indican la responsabilidad de Fujimori como autor mediato, fueron  determinantes para que la justicia chilena autorice un nuevo juicio contra el expresidente por crímenes de lesa humanidad.

En  2007 se produjo la extradición desde Chile de Alberto Fujimori sin  contemplarse este crimen  el cuadernillo de extradición y fue recién el 2015 que, tras un pedido de la justicia peruana, la Corte Suprema del país sureño autorizó ampliar la extradición.

25 enero 2018

En 2007, el exmiembro del grupo paramilitar, Jorge Ortiz Mantas, narró cómo se llevaban a cabo las ejecuciones. Él dijo haber sido parte del asesinato de las seis personas en Pativilca, una pequeña provincia al norte de Lima.

Era las 6 de la tarde del 30 de enero. Luis Agüero, hermano de una de las víctimas envió una señal de alerta: había encontrado restos en un cañaveral a pocos metros de donde fueron secuestrados. Eran ellos. Los habían torturado y acribillado en la zona.

A 27 años del asesinato, la Sala Penal Nacional decidió incluir a Alberto Fujimori en el proceso. El indulto y gracia presidencial que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski borró inmediatamente todos los procesos pendientes.

 Sin embargo, la justicia sentó un precedente y determinó que el ex presidente Alberto Fujimori  se encuentra incurso en la autoría mediata, por encabezar la cadena d mando n la cúpula castrense y  sigue siendo parte de las investigaciones

“Miren, cuando se combatió el terrorismo había cuatro ejes centrales: la primera era la decisión política. ¿A quién le correspondía esto? Al jefe de Estado, al presidente. Si no había decisión política, nada funcionaba”, decía Montesinos en una reunión en abril de 1998 con miembros de Cambio 90.  Las palabras sobran.

Los deudos participan en los procesos a la espera de una decisión que les sea favorable, mientras que el Poder Judicial evalúa en qué situación quedará este proceso pendiente luego de largos 28 años de espera.