A un año de firmarse el Acuerdo de Paz de las FARC con el gobierno colombiano, retumban los tambores de guerra de paramilitares que, junto con los disidentes guerrilleros, son ahora aliados de los carteles de la droga en el infierno del Chocó, costa del Pacífico.
“Sigue el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores por los grupos armados, la violencia sexual contra las mujeres, las víctimas de minas y los asesinatos selectivos”, denuncia Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
En su informe sobre Colombia denuncian la situación de vulnerabilidad que siguen padeciendo los habitantes de Chocó, una región donde el 60% de la población es víctima del conflicto armado, según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Y es que los chocoanos viven en una salida natural al mar de todo tipo de contrabando, por lo que llevan décadas atrapados en mitad de una guerra por el control de este suculento territorio. Primero aprendieron a acatar las leyes de las FARC, la única autoridad que habían conocido. Cuando la guerrilla y el Gobierno llegaron a un acuerdo, el 80% apoyó la paz en busca de una alternativa a la vida entre las balas.
Con la desmovilización de los guerrilleros, los grupos paramilitares y las bandas del narcotráfico comenzaron una nueva batalla. El resultado: entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó, según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Por lo demás, la vieja historia de los paramilitares en la historia colombiana tiene una larga secuela de sangre dolor y muerte en décadas que dejaron hondas heridas, como puede apreciarse en los centenares de videos y cerros de expedientes.
La mayoría de estas personas pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes, las etnias que más sufren la violencia y la pobreza en Colombia.
“Las condiciones de vida de estas familias son precarias, según informa la Defensoría del Pueblo no cuentan con una respuesta integral por parte de las entidades en lo referente a ayudas humanitarias, acceso a servicios médicos de emergencia, alimentación y alojamiento tras el desplazamiento”, afirma la investigación de Amnistía Internacional.
Videos relacionados
https://www.youtube.com/watch?v=GfhSGO_-uvI
“El problema es que el Estado no existe en el Chocó ni en el ámbito local, regional ni nacional. Solo aparece cuando hay un megaproyecto, por ejemplo una mina”, apunta Shetty.
El desplazamiento no es el único mal que pervive en esta región. Los niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes están siendo forzados a enrolarse en las estructuras paramilitares. Las mujeres son revictimizadas por las violaciones sexuales.
“Las cifras oficiales aún no ilustran la situación que se vive en terreno”, asegura Amnistía Internacional.
“En contextos de transición hacia la paz, se han documentado aumentos de violencia de género tras la desmovilización, como sucedió en 2005 durante el proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el cual se registró un aumento del 28%”.
Mientras las autoridades niega el resurgimiento de paramilitares, las comunidades de dos municipios en el Chocó denunciaron la presencia de estos grupos armados en sus territorios.
Los pobladores de los corregimientos de Peña Azul (Alto Baudó) y Domingodó (Carmen del Darién) no habían acabado de denunciar la presencia de hombres pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se conoce también al Cartel del Golfo , cuando desde el caserío riosuceño de Bijao y del consejo comunitario de Jiguamiandó confirmaron esta grave situación.
https://www.youtube.com/watch?v=dFR9UyVEZbE
En Bijao, territorio que ya había denunciado a finales de enero la presencia de gaitanistas, la población manifestó que algunas unidades paramilitares se asentaron en el caserío y permanecen vestidos de civil.
El diario colombiano El Espectador informó que los gaitanistas utilizan a jóvenes y niños como “campaneros”, es decir, para que informen sobre las operaciones de la Fuerza Pública y los movimientos de los líderes sociales de las zonas humanitarias riosuceñas Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida.
En el consejo comunitario de Jiguamiandó (Riosucio) 40 gaitanistas habrían ingresado al territorio y manifestado a la población que se iban a quedar en la zona y que no podían avisar a nadie sobre su presencia.
https://www.youtube.com/watch?v=qD1e0uMvVvM
Los paras, que portaban armas largas y vestían de camuflado, ingresaron por el río Tamboral y se trasladaron a la cabecera del río Pavarandó, donde habitantes de la zona reportaron la presencia de al menos 100 de ellos. “Corre el rumor de que quieren volver a ingresar a Nueva Esperanza”, le aseguró a ese diario un habitante.
Jijuamiandó y Curvaradó durante los años noventa fueron zonas en donde el Clan Castaño despojó a cientos de campesinos desplegando todo su poderío paramilitar. En 2013 y 2014, la justicia señaló que durante esa década existió una estrecha relación entre el desaparecido jefe paramilitar Vicente Castaño y empresarios palmicultores.
La oscura alianza se gestó con el fin de apoderarse ilegalmente de tierras ocupadas por las comunidades negras del Bajo Atrato chocoano y consolidar un megaproyecto agroindustrial de palma africana. Por estos hechos, 18 empresarios palmicultores fueron condenados a pagar condenas que oscilan entre los siete y doce años de prisión.
pobladores del Bajo Atrato, que denuncian el abandono histórico por parte del Estado y piden una respuesta inmediata a la actual crisis, relataron a El Espectador que los gaitanistas son la autoridad desde que los frentes 57 y 34 de las Farc se movieron a la zona veredal de concentración en Riosucio.
No es el único caso en donde la población denuncia el resurgimiento de los paramilitares luego de que la guerrilla se concentrara para iniciar el desarme. Ya lo han hecho los pobladores de Tumaco (Nariño), Mesetas y Mapiripán (Meta), Tibú (Norte de Santander), Puerto Asís (Putumayo), Arauquita (Arauca) y San José del Guaviare (Guaviare).
Una fuente del Ministerio de Defensa, que solicitó la reserva de su nombre, aseguró que las “presuntas estructuras de carácter paramilitar” están tomando las rutas del narcotráfico que eran de la guerrilla y las zonas en donde las Farc realizaban minería ilegal. “Lo mismo está haciendo el Eln y por eso se presentan enfrentamientos como los que se produjeron el fin de semana pasado en el Alto Baudó”, señaló.
https://www.youtube.com/watch?v=38S3V7PAkh8
El general Mauricio Moreno, comandante de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército, que opera en el Bajo Atrato, confirmó al diario que ingresaron uniformados al Alto Baudó y le manifestaron a la población que se quedarían hasta que el orden en el territorio se restablezca.
Añadió que la lucha contra los gaitanistas se ha complicado porque cuando la comunidad reporta su presencia se camuflan entre la población o se esconden en la espesa selva. “Más de 5.000 soldados estamos comprometidos con la seguridad de los chocoanos. Que a nadie le quepa la menor duda”, afirmó Moreno.
“Siempre que los paras aparecen aumenta el pie de fuerza del Ejército por un tiempo. Luego se van los soldados. Esta no es la solución. Mil veces se ha intentado lo mismo, sin —hasta ahora— ningún resultado sólido a largo plazo. Las instituciones del Estado son un mito en el Chocó”, denunció un líder del Alto Baudó. .