Organizaciones civiles y familiares de las víctimas del conflicto interno que vivió Perú entre 1980 y 2000 conmemoraron hoy los 15 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CRV), con un homenaje a las mujeres defensoras de los Derechos Humanos.
Bajo el rótulo de “Con las mujeres en nuestra memoria construimos historia”, los organizadores recordaron a las mujeres víctimas y defensoras, quienes “pese al dolor” de sus experiencias continuaron en su lucha por alcanzar justicia.
Destacaron entre estas a Angélica Mendoza de Ascarza, “Mamá Angélica”, una reconocida activista que falleció al año pasado y a la que se le homenajeó en el memorial “El ojo que llora”, en Lima.
El informe final de la CVR evaluó y analizó los crímenes cometidos por los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y por las fuerzas de seguridad, e hizo público el 28 de agosto de 2003 sus conclusiones y recomendaciones tras recoger 16.000 testimonios de las miles de personas golpeadas por el conflicto armado interno.
“En los peores años del conflicto, miles de mujeres fueron víctimas de violencia sexual, esterilizaciones forzadas, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura, arrebatándoles sus derechos humanos fundamentales”, recordaron hoy los organizadores.
En el encuentro realizado en el memorial situado en el centro histórico de Lima, se reunieron víctimas y familiares, quienes pidieron al Estado acceso a la Justicia y reparaciones integrales para las mujeres víctimas de violencia sexual, así como de esterilizaciones forzadas, además de la implementación de un banco genético para la búsqueda de los desaparecidos.
“A quince años del informe final, los familiares seguimos exigiendo al Estado peruano (el cumplimiento de) cada una de las recomendaciones que hizo la CVR“, dijo a Efe Liz Perea, familiar de una de las víctimas de los años de violencia.
Agregó que los deudos no logran obtener justicia “porque de los casos que llegan a judicializarse, no siempre terminan con una condena a los responsables de la desaparición y muerte de nuestros familiares”.
Aseguró, sin embargo, que los familiares seguirán exigiendo al Estado que se busque a los 15.000 desaparecidos que, según indicó, dejó el conflicto interno.
“No sabemos cuánto más debemos esperar por una respuesta humana, que termine con este sufrimiento”, agregó Perea, antes de asegurar que, pese a los avances alcanzados con la promulgación de una ley de búsqueda de personas desaparecidas y la conformación de una oficina para estos fines, aún quedan tareas pendientes.
Entre ellas, dijo, está la aprobación de un banco genético que ayude a la identificación de las víctimas y una política de memoria que rechace “la estigmatización a los familiares de las víctimas”.
El informe final de la CVR determinó que el conflicto dejó más de 69.000 muertos entre 1980 y 2000, la mayoría a manos de Sendero Luminoso, el grupo maoísta fundado por el profesor de filosofía Abimael Guzmán, quien cumple una condena a cadena perpetua.
Al respecto, el expresidente de la CVR, Salomón Lerner, declaró la semana pasada a Efe que Perú falló en cultivar la memoria del conflicto interno, educar a las nuevas generaciones sobre este traumático episodio, reparar a las víctimas e integrar a los más desfavorecidos.
“Las tareas que debieron ser cumplidas en primer lugar por el Estado y luego por la sociedad apenas han sido esbozadas en el mejor de los casos”, indicó Lerner, rector emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la misma casa de estudios.
Lerner lamentó que ni las conclusiones ni el relato del informe de la CVR se hayan insertado en los planes escolares, lo que hace que los niños no sepan quién es Abimael Guzmán, “un psicópata, una especie de ayatolá peruano que deliraba con ideas que contaminaban a los demás”. EFE
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