MADRID.- La jueza de la Audiencia Nacional , Carmen Lamela, impuso una fianza de 78,6 millones de euros al ex presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, así como a su esposa , Marta Pineda, y otros cuatro investigados por los delitos de blanqueo de capitales.
La magistrada a cargo del juicio oral advirtió que la fianza se dictó para hacer frente a posibles responsabilidades pecuniarias, la que deberá abonar en un plazo de 24 horas u ordenará el embargo de sus bienes
El abogado Joan Besolí tendrá que hacer frente a una caución de 73,3 millones y la mujer de Rosell, a otros 66,6, al igual que otro de los procesados, Pedro Andrés Ramos.
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A los dos restantes, Shahe Ohannessian y José Colomer, les impone una fianza de 53,5 millones.
Asimismo, Lamela acuerda mantener la situación personal de los investigados -incluida la prisión de Rosell- al no haber variado las circunstancias que motivaron esas medidas.
La Fiscalía Anticorrupción pide para Rosell una pena de once años de prisión y el pago de una multa de 59 millones de euros por el supuesto desvío de 14,9 millones de euros provenientes de los derechos audiovisuales de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por partidos amistosos y otros cinco de un contrato de patrocinio de Nike a la “canarinha”, de los que el empresario se habría apropiado al menos de 6,5 millones.
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En su escrito de acusación, el Ministerio Público acusa al ex mandatario blaugrana de poner en marcha, junto al ex presidente de la CBF Ricardo Teixeira, una estructura criminal con el objetivo de “ocultar las cantidades ilícitamente obtenidas” por el propio Teixeira “con ocasión de la firma de ciertos contratos en los que éste intervenía en representación de la Confederación Brasileña de Fútbol, particularmente el de compraventa de los derechos audiovisuales de la Selección Nacional de Fútbol de Brasil”.
Sólo por este último concepto, Teixeira habría percibido 8,3 millones y el ex mandatario culé, otros 6,5.
La Fiscalía también pide penas de entre seis y diez años de prisión para su esposa, Marta Pineda; para Besolí y el resto de investigados en la “operación Rimet” reclama además multas de entre 40 y 55 millones de euros. (ECHA -Agencias)