CIUDAD DE PANAMÁ.- Dos asociaciones de periodistas de Panamá denunciaron hoy que la Policía impidió a dos canales locales realizar una cobertura sobre el expresidente Ricardo Martinelli, en prisión preventiva por presunto espionaje, lo que constituye “una grave e inaceptable violación de las garantías fundamentales”.
El Consejo Nacional de Periodistas y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información explicaron que la Policía Nacional “retuvo” a los equipos de las televisiones TVN y Telemetro que estaban cubriendo el martes el traslado de Martinelli del Supremo a la cárcel donde está detenido, “impidiéndoles realizar la cobertura y retirándole sus documentos de identidad personal”.
“Ante los hechos, es obligatorio exigir una aclaración por parte del Ministerio de Seguridad Pública y de las nuevas autoridades de la Policía Nacional que aseguren su compromiso con el libre ejercicio del periodismo y el derecho de acceso a la información”, dijeron los gremios en un comunicado conjunto.
El pronunciamiento de la Policía sobre el incidente con los periodistas, añadieron las asociaciones en el texto, “es todavía más preocupante al intentar justificar una acción a todas luces arbitraria aduciendo el alto perfil del ciudadano detenido y una generalización que convierte a todo conductor de una moto en sospechoso”.
Unidades de @protegeryservir impiden labor periodística y retienen documentos de camarógrafos. Hasta el momento se desconoce que motivó la acción de los policías. pic.twitter.com/yJkFyQDx5N
— Grupo Elite 507 (@grupoelite507) June 20, 2018
La Corte Suprema de Justicia de Panamá celebró el martes una audiencia en la que ratificó que el exmandatario, extraditado desde Estados Unidos el pasado 11 de junio, debe seguir en detención preventiva en la cárcel El Renacer, a orillas del canal interoceánico, durante el proceso que afronta por un caso de escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014).
El exgobernante, quien dice ser un perseguido político del actual Gobierno panameño, se enfrenta a una pena de hasta 21 años de prisión, de acuerdo con un escrito de acusación presentado en octubre del 2015 por el magistrado fiscal del caso Harry Díaz.
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