Para reforzar el correcto proceso de contratación y seguridad del servicio móvil, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) dispuso la implementación inmediata de un paquete de medidas regulatorias temporales que permitirán fortalecer la seguridad, la protección de los datos y la trazabilidad del servicio durante el estado de emergencia.
La norma aprobada con Resolución 000116-2025-CD/OSIPTEL establece un procedimiento de validación de identidad de las personas naturales que cuenten con más de diez líneas de servicios móviles registradas a su nombre. Estos serán notificados por las empresas operadoras, vía mensaje de texto y correo electrónico, durante cinco días hábiles continuos, para que durante ese período acudan a los centros y puntos de atención autorizados de las empresas operadoras con las que mantengan vínculo contractual para que revaliden su identidad mediante verificación biométrica.
“Vencido este plazo, se suspenderá el servicio por un máximo de tres meses, periodo en el cual, los abonados también podrán regularizar la situación de su línea móvil; caso contrario las empresas operadoras procederán a la baja del servicio”, explicó Tatiana Piccini Antón, directora de Atención y Protección del Usuario del OSIPTEL.
La norma también dispone que durante el tiempo del estado de emergencia, se limita la cantidad de contrataciones para personas naturales a un solo servicio móvil por mes y por empresa operadora.
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Además, se establece un procedimiento sumarísimo para la baja de servicios públicos móviles con registros inconsistentes, es decir aquellos cuyos datos del abonado no coinciden con la información de la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Superintendencia Nacional de Migraciones. Para ello, se dispuso el envío de mensajes de texto y correo electrónico por dos días calendario consecutivos a los servicios móviles con datos inconsistentes y otros dos días calendario para su regularización. Vencido este plazo, la empresa debe suspender el servicio por dos días calendario y, posterior a ello, sin que se haya realizado la regularización, procederá a dar de baja a la línea al día siguiente.
Respecto a las líneas prepago, se dispuso dar de baja a todos los servicios que no hayan cursado tráfico de voz y/o datos entrantes y/o saliente por tres días calendarios consecutivos desde su activación.
Adicionalmente, se estableció que las contrataciones con ciudadanos extranjeros se realicen únicamente de manera presencial en centros y/o puntos de atención autorizados, previa verificación biométrica con la base de datos de Migraciones.
Finalmente, a pedido del abonado, la empresa operadora restringirá el canal para la contratación (presencial, telefónico, web o aplicación móvil), el cual debe ser atendido en el plazo máximo de cinco días calendarios.
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Las medidas enfrentarán de manera inmediata los riesgos identificados durante el proceso de contratación del servicio móvil —como la suplantación de identidad, activaciones masivas de líneas y registros inconsistentes—garantizando la trazabilidad del servicio, la seguridad de los usuarios y la eficacia del mandato del estado de emergencia.
“Este paquete regulatorio aprobado por el OSIPTEL durante el estado de emergencia es una respuesta firme y necesaria frente a la creciente amenaza de la delincuencia vinculada al uso indebido de líneas móviles. La exigencia de revalidar la identidad de quienes poseen más de diez líneas, la limitación en nuevas contrataciones, la depuración de registros inconsistentes y el control más estricto en la venta de servicios a ciudadanos extranjeros son medidas que frenarán los actos de los delincuentes que han aprovechado para operar con impunidad”, señaló Jesús Guillén Marroquín, presidente ejecutivo (e) del OSIPTEL.
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En esa línea, el titular del regulador destacó el trabajo coordinado del OSIPTEL con el Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Justicia, Fiscalía de la Nación, Policía Nacional del Perú, municipalidades, entre otros, para recuperar la seguridad ciudadana.
Estas medidas temporales estarán vigentes desde el sábado 22 de noviembre de 2025 y mientras dure el estado de emergencia.