Caso Colcabamba: juez rechazó detención de militares porque MP lo pidió fuera de plazo
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Hasta hace poco no se conocía que la Fiscalía Penal de Pampas había solicitado la detención preliminar de los ocho militares y tres civiles que sobrevivieron al ataque. Sin embargo, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas rechazó la solicitud.

La resolución, emitida el 27 de abril de 2026, fundamentó su negativa en el problema del plazo. Los implicados habían sido detenidos inicialmente el mismo día de los hechos, el 25 de abril, pero fueron puestos en libertad por disposición del juez. La Fiscalía presentó la solicitud de detención preliminar justo después de que se les otorgara la libertad, a pesar de que este tipo de medida debe presentarse dentro de las primeras 24 horas tras la detención inicial. El requerimiento llegó fuera de ese marco temporal, lo que motivó su rechazo.

 

 

Desde el Ministerio Público explicaron que las demoras en los peritajes se debieron a que los expertos de la Policía Nacional tardaron en llegar al lugar. Según afirmaron, desde el 25 de abril se habían dictado las diligencias urgentes, pero la PNP no las ejecutó oportunamente debido a la lejanía geográfica. Argumentaron que esta demora les impidió cumplir con los plazos legales para solicitar una medida cautelar como la prisión preventiva.

Pese a la insistencia del Ministerio Público, el juez Walter Gerardo Llacza Asencios determinó que no procedía la detención preliminar y rechazó la solicitud sin entrar en detalles sobre las pruebas presentadas ni considerar si los investigados representaban un riesgo de fuga.

 

 

El juzgado también señaló que no existían indicios sólidos de que alguna de las personas implicadas planease fugarse. Los militares fueron aprehendidos en el lugar de los hechos; además, dos heridos estaban recibiendo atención en una clínica, y uno de ellos incluso se entregó voluntariamente a las autoridades. Estas circunstancias debilitaron el argumento fiscal sobre una supuesta urgencia para ordenar nuevamente la detención.

La fiscal Zina Romero Chávez había planteado además que los militares, debido a su acceso a información privilegiada y su condición jerárquica, podrían interferir en el curso de la investigación. Según su tesis, existía el riesgo de influir en testigos clave, coordinar testimonios entre los involucrados o dificultar la recolección de pruebas fundamentales. La Fiscalía consideraba crucial restringir la libertad de los investigados para evitar que estas dinámicas afectaran el desarrollo de las diligencias pendientes.

 

 

A pesar del rechazo judicial, la investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía de Derechos Humanos, ahora centrada en esclarecer la actuación de los militares. El Ministerio Público mantiene las acusaciones por homicidio calificado y lesiones graves, y no descarta presentar un nuevo pedido de detención preliminar si se cumplen los requisitos legales.

Por el momento, los ocho implicados permanecen en libertad mientras avanzan las investigaciones. En cuanto a los tres civiles sobrevivientes, inicialmente señalados como investigados, ahora son considerados víctimas junto con las personas fallecidas.

 

 

 

Texto: WSV / Red de Medios Regionales del Perú
Foto: Huanca York Times
Videos: Twitter El Dardo / Twitter Ideeleradio

 

 

 

 

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