ANP expresa preocupación por denuncias de Procuraduría contra libertad de expresión

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La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su profunda preocupación por la denuncia penal promovida por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público contra personas con perfiles, actividades y situaciones diversas, entre ellos periodistas y comunicadores que participan activamente en el debate público y político.

Resulta particularmente alarmante que expresiones y opiniones sean objeto de actuaciones que podrían derivar en procesos de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión y opinión. La atribución de responsabilidades penales por presuntos actos de incitación o alteración del orden público exige la existencia de una relación clara, directa y verificable entre las expresiones cuestionadas y la producción de hechos concretos de violencia, que en la realidad no ocurrieron. En ausencia de dicho correlato, este tipo de denuncias se convierten en un mecanismo de hostigamiento incompatible con una sociedad democrática.

 

 

No es la primera vez que desde distintos espacios de poder se pretende vincular a periodistas, comunicadores y ciudadanos críticos con conductas de incitación a la violencia o alteración del orden público sin que se acrediten los elementos exigidos por el derecho penal y los estándares de protección de la libertad de expresión. Estas prácticas generan un efecto intimidatorio que trasciende a las personas directamente involucradas, pues envían un mensaje disuasivo a quienes participan en el debate público y fiscalizan el ejercicio del poder.

Expresamos especial preocupación por la inclusión de la periodista Claudia Cisneros en esta denuncia. Cisneros ha sido objeto de reiteradas campañas de hostigamiento y descalificación debido a las opiniones que expresa sobre la realidad nacional.

 

 

Si bien la defensa del orden público y la preservación de la institucionalidad democrática son objetivos legítimos del Estado, toda actuación estatal debe observar estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, evitando cualquier medida que pueda traducirse en una restricción indebida de la libertad de expresión.

La presente denuncia se produce además en un contexto en el que distintos actores del poder público vienen impulsando iniciativas que involucran a periodistas en procesos de naturaleza penal.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú llama la atención sobre el proceder de las autoridades competentes cuya conducta podría considerarse un exceso en el ejercicio de sus funciones. La ANP alerta sobre un potencial uso del aparato estatal contra voces críticas.

 

 

 

 

 

Texto: WSV / NdP
Foto: Composición

 

 

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