El Ministerio Público, a través de la Oficina de Observatorio de Criminalidad, presentó el reporte estadístico «Atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y Callao vinculados a presuntos actos de extorsión, agosto 2024-mayo 2026″, el cual identificó 214 atentados con víctimas durante dicho periodo. Estos hechos dejaron 283 personas afectadas, de las cuales 152 fallecieron y 131 resultaron lesionadas.
El estudio evidencia que los ataques se concentraron principalmente en San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores, distritos que también registran altos niveles de denuncias por extorsión, homicidio calificado y sicariato. Asimismo, el 94.4 % de los atentados ocurrió directamente contra unidades de transporte público, como microbuses, combis y mototaxis, afectando principalmente a conductores, pasajeros y cobradores.
El reporte señala que el 97.7 % de los ataques con víctimas fue perpetrado con armas de fuego y que las motocicletas constituyeron el principal medio utilizado por los presuntos autores para ejecutar el atentado o huir del lugar (60.3 %). Además, más de la mitad de los hechos (58.4 %) ocurrió durante la noche.
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Respecto a las víctimas, los conductores concentraron el mayor porcentaje (69.3 %), seguidos de los pasajeros (20.5 %) y los cobradores (5.3 %), lo que evidencia que quienes prestan y utilizan diariamente el servicio de transporte público son los más expuestos a esta modalidad delictiva.
Como información complementaria, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público identificó 126 atentados entre enero y mayo de 2026, de los cuales 87 registraron víctimas fallecidas o lesionadas y 39 no dejaron víctimas. En este último grupo se advierte un incremento en el uso de artefactos incendiarios como modalidad de ataque, aunque las armas de fuego continúan siendo el principal medio empleado.
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Con esta publicación, el Ministerio Público pone a disposición información estadística que contribuye al análisis de la criminalidad vinculada a la presunta extorsión, fortaleciendo la formulación de estrategias de prevención, la toma de decisiones y la articulación interinstitucional para enfrentar este fenómeno que afecta la seguridad ciudadana y la prestación del servicio de transporte público.
Foto Andina- Archivo