Rospigliosi defiende contrato con DirecTV y no tiene en parrilla señal de Congreso TV

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Tras la controversia generada por la adquisición del servicio de televisión por cable por un monto de S/ 310,392, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, optó por no abordar directamente el asunto y sugirió remitir las consultas a la administración parlamentaria.

Posteriormente, el Congreso publicó un comunicado detallando las razones técnicas y económicas que justifican la contratación de DirecTV Perú S.R.L.

 

 

Según el Congreso, esta contratación no es nueva. Desde octubre de 2024, el área usuaria requirió el servicio, cuya necesidad fue ratificada en 2025 y 2026, al considerarse esencial para el funcionamiento de diferentes dependencias legislativas.

El comunicado oficial explica que el Congreso estuvo varios años sin televisión por cable luego de que Movistar, su proveedor anterior, fuera sancionado e impedido de contratar con el Estado. El primer proceso de selección en marzo de 2025 fue declarado desierto, lo que llevó a una nueva convocatoria pública.

 

Un detalle a tomar en cuenta: el Congreso contrató a la operadora de cable que transmite todos los partidos del Mundial, para estar al día en las noticias, pero DirectTv no tiene en su plan premium el canal del Congreso ni Justicia TV

 

En este proceso, participaron dos compañías. Claro presentó una oferta de S/ 915,656.40, mientras que DirecTV Perú S.R.L. propuso S/ 310,392, ganando así la adjudicación por ser la opción más económica para el Estado.

La administración detalló que el contrato tiene una duración de dos años, desde el 21 de mayo de 2026 hasta el 19 de mayo de 2028, por lo que el total corresponde a los 730 días de prestación del servicio.

 

 

También se indicó que el costo mensual es de S/ 12,933, lo que equivale a aproximadamente S/ 27 al mes por cada uno de los 479 puntos de televisión instalados en el Palacio Legislativo y otras instalaciones del Congreso.

Estos equipos están distribuidos en oficinas administrativas, despachos parlamentarios, comisiones, salas de reuniones y otras áreas institucionales. El Parlamento argumenta que el servicio no se limita a los congresistas, sino también al personal que necesita monitorear noticias en tiempo real, eventos nacionales, transmisiones oficiales y la cobertura mediática para realizar sus funciones.

 

 

Finalmente, la administración del Congreso rechazó las críticas que consideran el contrato un gasto excesivo y subrayó que la adjudicación se fundamentó en criterios de eficiencia del gasto público al elegir la propuesta más económica entre los oferentes.

Pese a ello, la contratación sigue generando debates debido al contexto de austeridad que vive el país y al monto asignado a un servicio que algunos sectores ven como prescindible, mientras el Congreso defiende su utilidad como herramienta clave para sus actividades institucionales. Y seguramente nada cambiará con el próximo Congreso bicameral… o sí, pero para peor.

 

Texto: WSV
Foto: Composición
Video: Twitter Epicentro.TV

 

 

 

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