El Segundo Juzgado Constitucional de Lima aceptó evaluar la solicitud de habeas corpus en favor de Pedro Castillo. El documento judicial cuenta con la firma de la magistrada Ana del Rosario Osorio Sosa y la asistencia de la secretaria legal Rosario Mercedes Mitacc Parra.
Esta medida legal fue presentada por Walter Ayala, defensor del exmandatario. La acción de garantía se dirige formalmente contra cuatro instituciones del Estado: el Despacho Presidencial, el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación.
El recurso señala directamente a diversas autoridades, entre las que figuran José María Balcázar Zelada, el titular de Justicia Luis Enrique Jiménez Borra, el presidente del Parlamento, los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria y el fiscal de la Nación.
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⚖️ Admisión obligatoria de la garantía constitucional
La sede judicial dio trámite al recurso de forma mandatoria. Según la normativa actual, específicamente el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional, no se permite desestimar de forma preliminar las demandas de habeas corpus, amparo, hábeas data o cumplimiento. Esto obliga a los jueces constitucionales a procesar la solicitud y notificar a los emplazados sin emitir un juicio de valor anticipado sobre el fondo del asunto.
La defensa del exjefe de Estado plantea siete requerimientos precisos. El primero exige la liberación inmediata del procesado por considerarla una detención injustificada. El segundo cuestiona la declaración de vacancia presidencial emitida por el Congreso el 7 de diciembre de 2022.
📋 Cuestionamientos al retiro del fuero y la prisión preventiva
Como tercer punto, se busca invalidar la Resolución 002-2022-2023-CR del 12 de diciembre de 2022, que anuló la inmunidad de Castillo, argumentando fallos en el debido proceso legislativo. El cuarto pedido pretende anular la prisión preventiva de 18 meses dictada el 15 de diciembre de 2022 (Expediente 00039-2022-4-5001-JS-PE) y su ratificación penal del 28 de diciembre de ese año.
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🔒 Impugnación de la condena y el estado del caso
El quinto requerimiento solicita dejar sin efecto la ampliación de la prisión preventiva a 36 meses confirmada en marzo de 2023. La sexta pretensión abarca todas las extensiones posteriores de la privación de libertad, incluidas las emitidas en febrero y julio de 2024, así como el fallo del 4 de diciembre de 2025 que lo sentenció por conspiración para la rebelión. Finalmente, el séptimo punto exige restablecer la situación legal previa y procesar a quienes resulten responsables de vulnerar los derechos de Pedro Castillo.
Foto Andina