ANP rechaza pedido del Ejecutivo que criminalizaría labor informativa

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El gobierno de Dina Boluarte ha solicitado al Congreso la modificación del Código Penal para castigar penalmente a los instigadores de disturbios en manifestaciones públicas. La medida incluye como instigadores a creadores de contenido, usuarios de redes sociales y a periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) han expresado su rechazo a esta reforma que responsabilizaría y penalizaría a la prensa por informar sobre las protestas sociales que deriven en disturbios. La ANP y la SPP consideran que la medida es contraria a principios internacionales sobre libertades de prensa, expresión y asociación.

Advertimos el peligro de la propuesta de modificación al Código Penal que busca “Sancionar a los instigadores del delito de disturbio” en el marco de las protestas, que hace alusión directa a la actividad informativa en medios de comunicación”, ha expresado la ANP.

“El proyecto de ley señala que hay comunicadores que “utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”. El enunciado es grave al hacer una imputación directa que impondría restricciones informativas y afectaría el derecho a la información“, añade la ANP.

“El periodismo es el faro de la verdad en una sociedad democrática. En la Asociación Nacional de Periodistas del Perú promovemos la importancia del periodismo en la construcción de una sociedad justa y libre. ¡Apoyemos un periodismo fuerte para una democracia sólida!”, ha publicado la ANP en sus redes sociales.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Greenspon, rechazó la reforma. Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times dijo: “En las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva para expresar ideas, oposición o denuncias. Restringir esos principios atenta de forma flagrante contra las convenciones internacionales sobre derechos humanos“.

En tanto, el Consejo de la Prensa Peruana ha pedido el archivo inmediato de la propuesta, que atenta contra la libertad de expresión.

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