Buscando protección judicial a cambio de apoyo político

 

Gente próxima a los predios de Keiko Sofía Fujimori Higuchi afirman que alguien, camino de regreso a casa luego de la audiencia judicial suspendida por el juez Richard Concepción Carhuancho, le hizo la invitación para celebrar el “día del anticucho”. La propuesta no le agradó nada a la hija de Alberto. Una mueca de desagrado fue suficiente para expresar su rechazo rotundo a la propuesta. El animoso oferente no había tomado en cuenta que la presidenta de “Fuerza Popular” vive días de incertidumbre y corre peligro de retornar a prisión, en razón de que se le imputa ser la cabecilla de una organización criminal que utilizó millonaria suma de dinero malhabido para financiar sus campañas de proselitismo electoral. Los “anticuchos”, antecedentes aportados por 7 colaboradores eficaces y 6 testigos protegidos, además de otras evidencias, la tienen abrumada.

Cierta o no la versión, la verdad es que la Fujimori a estas alturas se la tiene jurada al fiscal José Domingo Pérez y al juez Richard Concepción Carhuancho. Al primero porque lo sindica como el responsable de sus desdichas. En el expediente mediante el cual solicita detención preventiva, figura la declaración de un testigo protegido, que confirma la hasta hace poco negada reunión secreta con el fugitivo exjuez supremo César Hinostroza. En la misma se habría pactado protección judicial a cambio de apoyo político. Otro testigo protegido ha revelado que mediante la actuación estelar del congresista Miguel Torres, el hoy capturado en Madrid, España, le dio una clase magistral sobre lavado de activos, delito que precisamente forma parte de las acusaciones contra Keiko. Una versión más está referida a la orden dictada por esta a su bancada parlamentaria para respaldar la elección del criticado fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, con el compromiso posterior de que el fiscal supremo ponga vallas a las investigaciones del fiscal José Domingo Pérez. Revelaciones de igual envergadura se van sumando. Entre ellas la de desacreditar al mencionado fiscal y la aparición de falsos aportantes de dinero para justificar los gastos de campaña electoral. Los “anticuchos” son de todo calibre, pura carnecita.

A estas alturas, “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, inmortal frase escrita del capo de la constructora Odebrecht, cobra actualidad. Porque eso de “aumentar” significaría que antes se entregaron otros fondos a la “señora K”, que es lo qué precisamente se trata de saber y que hasta ahora, felizmente, todo va por buen camino, en tan inédito empeño de desentrañar hasta qué punto fueron sobornados políticos prominentes y que jugaban a la honestidad con serio perjuicio para la credibilidad ciudadana y daño irreparable a la frágil democracia peruana.

Que la mencionada “Señora K”es más fresca que una lechuga, ya no se puede dudar. Le resbala todo lo que se sabe sobre sus andanzas. Nada de “anticuchos” proclama. Lo cual explica porqué dice que le están quitando “el derecho a tener un juez imparcial”, en relación al juez Richard Concepción Carhuancho, que tiene a su cargo el caso, el mismo que ha dado muestras de responsabilidad en lo que significa administrar justicia y que hasta donde se sabe no se casa con nadie. Descifrando su código verbal, quiere un juez a su medida, que sea temeroso, manipulable, del perfil de Hinostroza. ¿Será atendido su pedido? ¿Volverá el país a los años 90 cuando fiscales y jueces hacian lo que ordenaba Alberto Fujimori, vía Vladimiro Montesinos? No creo. Keiko Fujimori está jugando con fuego. Pretende sentar las bases para declararse luego de la orden de detención preventiva, “perseguida política” y de esa manera buscar asilo, en la representación diplomática a la que también acudió su padre, cuando comenzaron a descubrirse sus actos criminales.

 

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