Mucho se habló de la excesiva politización del Tribunal Constitucional cuando falló por la inconstitucionalidad del Reglamento del Congreso con fuerza de Ley que penalizaba el transfuguismo violando derechos y deberes de algunos representantes elegidos. Ahora el máximo tribunal demuestra que sabe hacer Política no partidaria pero sí gran Política.
En histórica sentencia del 14 de marzo pasado el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Educación implementar un Plan de Acción al 2021 para asegurar el acceso a la educación de la población en zonas rurales de extrema pobreza, dando cuenta cada seis meses.
La sentencia considera que el estado de cosas que vivimos en el ámbito educativo es inconstitucional. Y con ello se refiere a la escasa disponibilidad y accesibilidad a la educación de las personas que viven en extrema pobreza en el ámbito rural.
Con fundamentación precisa ordena al Ministerio de Educación que diseñe, proponga y ejecute un Plan de Acción que en un plazo máximo de cuatro años, que vence el 28 de julio de 2021, año del Bicentenario, pueda asegurar la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, adolescentes y mayores de edad, de extrema pobreza del ámbito rural, empezando por los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica.
Les corresponderá a ambos poderes, el Ejecutivo, en coordinación con el Legislativo, realizar las gestiones que aseguren dicho Plan de Acción. El MINEDU deberá informar al Tribunal Constitucional, cada 6 meses, del avance de lo dispuesto en esta sentencia que representa un notable avance para el cumplimiento del ideal constitucional de un Estado que de educación para todos.
Esta es la forma de contrarrestar la pobreza y la violencia. De avanzar en el desarrollo y pacificar. Y es un buen momento político para que se implemente desde que favorece a los sectores más vulnerables a los radicalismos. Más aún cuando acaba de ingresar un nuevo Ministro de Educación como Idel Vexler, experto en políticas públicas para este sector controvertido y difícil.
Dada su capacidad e independencia, el nuevo titular podrá aplicar sus ideas, ojalá sin ser acusado de oponerse a la reforma meritocrática en la educación primaria. Y en la educación superior podrá velar por la autonomía universitaria y el apoyo a la universidad pública como ha ofrecido.
Soplan nuevos vientos en la educación peruana. Pero al mismo tiempo se constata la orquestación de ataques mediáticos contra Vexler por haber sido crítico de la gestión de Jaime Saavedra, tan elogiada por la mayoría de la prensa. No se quiere recordar que durante la conducción de Saavedra en el MINEDU se generaron muchos problemas y en la universidad pública nunca hubo tantos conflictos.
La expectativa se justifica. El Perú necesita el mayor énfasis en la educación básica y secundaria pero también en la universitaria. El Tribunal Constitucional así lo ha entendido y ha entregado a los políticos un aporte sustantivo para la igualdad de oportunidades que caracteriza a todo Estado democrático.
Promover educación de calidad para todos los sectores es comenzar a construir la sociedad que queremos, sin pobreza ni violencia. Verdaderamente pacificada para el desarrollo.