Pienso que todos lo pasamos un poco mal a la hora de ser examinados. Son quizá reminiscencias de la infancia, adolescencia y juventud, cuando teníamos que preparar exámenes para el colegio o la universidad. A nadie nos gusta, pienso, y todos sentimos un alivio, ya sea al concluir un examen o al considerar que ya hemos dado todos los que teníamos que dar en nuestra vida, incluido en el manejo.
Por ello no deja de ser un cierto “karma” o ironía del destino, el hecho de que los maestros tengan que ser examinados. A alguno incluso pueda producirle cierto placer perverso, pensando quizá, con aire de desquite, sobre todo si tuvo malas experiencias: “que prueben una de su propio chocolate” o “para que vean lo que se siente”.
Estas reacciones son comprensibles aunque, en realidad, un tanto viscerales. Más calado tienen otras, como mejorar el estándar de la educación peruana que, dicho sea de paso, no parece ser demasiado elevado. Pienso que todos queremos una educación de calidad, y consideramos también que el rubro educativo es crucial en el desarrollo de un pueblo, siendo un indicador claro de su importancia el porcentaje del P.I.B. que se le dedica, o el prestigio y la remuneración que tiene la profesión docente.
Sin embargo, hay un hecho que no se puede soslayar si no se quiere ser ingenuo. ¿Quién evalúa?, ¿bajo qué criterios? Cabe dudar de la objetividad de las evaluaciones, y que estas se conviertan en el pretexto ideal para quitar de en medio a los docentes incómodos, a aquellos que no se plieguen a las exigencias de la pequeña elite que busca hacerse con la educación en el Perú. Es decir, la evaluación es para tener confianza en los docentes, pero la cuestión es si el ente a evaluar merece nuestra confianza.
La respuesta para una parte importante de la población, y para la parte más representativa al respecto, la que tiene el derecho de opinar, es simplemente, no. En efecto, son los padres de familia quienes tienen el derecho humano fundamental, recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, signada también por el Perú, quienes gozan de ese derecho básico. Es lógico que así sea: ellos traen a los niños al mundo, los alimentan, los educan, los cuidan cuando enferman, viven con ellos. El estado al respecto tiene solo una función subsidiaria, es decir, ayudar a los padres, auténticos titulares de tal derecho, pues ellos ordinariamente no pueden ni construir escuelas ni impartir las clases. Confían esa responsabilidad suya a una institución que puede ser privada o pública. Al estado, en todo caso, le interesa garantizar el acceso a esa educación en razón del bien común, que justifica su existencia.
Pero cuando el estado desoye, ignora, critica la opinión de los padres, se está excediendo en sus atribuciones. Deja de estar al servicio del bien común, despojando a sus ciudadanos de un derecho básico, tomando aires dictatoriales. En efecto, toda dictadura sabe que si quiere perpetuarse debe hacerse con el control de la educación, sabe también que esa educación puede tener un control crítico en el mismo hogar. Si le quita al hogar su función educativa y se la atribuye exclusivamente el estado, tiene carta libre para controlar las conciencias. Y es exactamente eso lo que está intentando hacer el estado peruano, al ignorar clamorosamente a los padres de familia que se oponen a la implantación de la “ideología de género” en las aulas estudiantiles.
Por eso, no es que no queramos que evalúen a los maestros. Es que no confiamos en los evaluadores, confiamos más en los maestros y en su sentido común, que en el ministerio de educación, supeditado a criterios políticos, algunos de los cuales están presumiblemente impuestos desde fuera del país. No confiamos en un ministerio de educación que se cierra a todo diálogo con los padres, que apela las sentencias de los tribunales a donde los padres de familia han tenido que ir a hacer defender sus derechos. Esta evaluación puede ser el instrumento ideal para acabar con toda disidencia, el medio para saber quién está a favor de la ideología de género y quién en contra, para hacerlo a un lado. Puede ser la oportunidad de los arribistas, que carentes de méritos propios, accedan a puestos clave exclusivamente por apoyar a una ideología que solo les interesa como paliativo a su incompetencia y como medio de obtener prebendas y privilegios.