La regulación de la publicidad oficial está pendiente en la región. Es punto neurálgico en la relación entre medios de comunicación y gobiernos. Más aún en las situaciones económicas difíciles que viven los medios, en especial la prensa escrita, por la irrupción de los medios digitales y de las redes sociales como Facebook y Google que han capturado gran parte de los ingresos por publicidad que percibían los editores de información.
Desde la aparición de la Internet muchos medios escritos han desaparecido o simplemente han optado por ediciones digitales. La crisis económica es en todo el mundo, restrictiva de la pluralidad y contraria al derecho de emitir y recibir información.
Por esta crisis muchos gobiernos han optado por ayudarlos de manera transparente y abierta. Otros se deciden a hacerlo bajo la cubierta del pago por publicidad oficial con lo que comprometen los presupuestos públicos y condicionan las líneas editoriales que dependen de esta irrigación vital. Los gobiernos que “ayudan” pueden imponerles la agenda y la forma en que tratan los asuntos nacionales.
El proyecto de Ley de Mauricio Mulder ha entrado en este terreno minado. No en el de la libertad de prensa sino en el de la sostenibilidad económica de los medios que necesitan desesperadamente de esa inyección de recursos. No es nuevo, el humalismo irrigó la información por esta vía y todos los gobiernos han mantenido sus buenas relaciones con el poder mediático con estos recursos incrementados sin rendición de cuentas.
El proyecto de Mulder pretende negar toda publicidad oficial a los privados y que se concentre en los estatales gubernamentales. Habla de publicidad y no de información oficial. Quienes atacan el proyecto asimilan ambos conceptos a pesar de ser distintos. La información oficial es noticia, debe ser recogida por todos los medios sean estatales o privados, por ser de interés público, sin que reciban dinero por ello.
La publicidad oficial es pagada, difunde mensajes, propaganda, información de campañas a través del avisaje. No comprende noticias, reportajes ni crónicas, es publicidad.
Por tanto no está en cuestión la libertad de prensa está en cuestión el monto de recursos con que se sostienen los medios privados. Y es así como debe plantearse sin subterfugios ni medias verdades.
Por eso es importante que se haga transparente el uso de los recursos del Estado en los medios. Que no haya posibilidad de manipulación mediática por los gobiernos que favorecen a los medios complacientes y asfixian a los críticos opositores.
Mulder está en la buena dirección pero su proyecto necesita mayor debate para refinarlo en función de los objetivos, con criterios justos y equitativos, que no se afecte ni a los medios privados ni a la sociedad en su derecho a la información por manipulación o por falta de comunicación sobre campañas oficiales o por exceso de dependencia de los medios de esta fuente de recursos.
El derecho a la información implica pluralidad de medios independientes y libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes.
Se debe conocer el porcentaje en que los medios privados dependen de la inyección económica gubernamental y también si su lectoría o alcance justifican las grandes cifras invertidas. Ni ejercicio arbitrario del presupuesto ni manipulación mediática son deseables en una democracia.
Regular los criterios para asignar publicidad estatal no es ninguna mordaza. No regularla puede también significar un atentado contra la libertad de prensa por la manipulación que se propicia. Si el Estado es el principal anunciante de los medios los subordina y hasta podría llegar a controlarlos. Que se conozcan los gastos de publicidad del Estado y que las empresas periodísticas sean competitivas dentro de las reglas del mercado. He ahí el equilibrio.