Todo indica que existe consenso entre quienes tienen en sus manos el futuro político del país. Detentan diferentes posiciones respecto a la fecha, pero creo que finalmente tendrán que aceptar el clamor ciudadano para salir de la actual crisis. Mantener la calma y evitar los graves daños que no hay cómo compensar, entre ellos el derecho a la integridad física y, sobre todo, a la vida, debe llevarlos a dejar de lado todo ánimo de soberbia, vanidad y hasta de rencor.
En medio de este panorama tan dramático, se impone, una necesidad fundamental: tener una lectura de fondo, un diagnóstico más ajustado posible de la crisis, de su naturaleza, de sus causas, de su profundidad y alcances.
La ciudadanía espera eso, dejando de lado esa malsana competencia de adjetivos groseros y de augurios sombríos que, por experiencia, sabemos que a nada bueno lleva. Tampoco se trata que unas cuantas personas, dada la situación expectante que tienen en forma pasajera, en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativos, hagan entrega de alguna fórmula mágica. Y sanseacabó.
Corresponde y con toda legitimidad, que las organizaciones sociales participen, que tengan un protagonismo propio y determinante. La ciudadanía ha tenido en las últimas décadas una valiosa capacidad para demostrar su valía, aunque no siempre se le ha escuchado en términos de una real democracia.
Eso no se debe repetir. Las organizaciones sociales tienen representatividad y están conformadas por personas, hombres y mujeres, que pueden elaborar y realizar propuestas de solución y superación de la crisis en el corto, mediano y largo plazo.
Los detalles de esta participación quedan en manos de quienes tienen el encargo de la gobernabilidad. Sería un antecedente histórico. Aquellos tiempos, muy pasados, cuando se reunía a la llamada Junta de Notables, no debe volver jamás. La recuperación de la institucionalidad corresponde a quien tiene nombre propio: la ciudadanía.