Mientras se implementa la dejación de armas de las FARC, se han prendido las alarmas por la amenaza de narcotraficantes y grupos paramilitares que no solo están a la caza de disidentes para reclutarlos sino que disputan los “territorios liberados” especialmente en zonas de difícil acceso de La Guajira colombiana.
Una de las llamadas de alerta fue la denuncias del monseñor Hugo Alberto Torres Marín, arzobispo del municipio de Apartadó, en Antioquia —a unos 750 kilómetros al noroeste de Bogotá y a 310 km al noroeste de Medellín—quien dijo en un comunicado el pasado 3 de febrero que en la región hay un “reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo” cuyos integrantes han llegado a zonas que dejaron las FARC.
Precisamente un informe de la periodista de CNN,Melisa velasquez Loaiza, señala que diversos grupos sociales en Colombia han denunciando agresiones por parte de lo que denominan “grupos paramilitares” que, según dicen, están violando sistemáticamente los derechos humanos de los colombianos en zonas en las que antes hacía presencia la guerrilla de las FARC.
Por su parte el movimiento político Marcha Patriótica — tendencia de izquierda cercano a las FARC documentó en un informe más de 300 “violaciones a los derechos humanos por parte de grupos relacionados con el fenómeno del paramilitarismo” contra organizaciones sociales y populares en los últimos cinco meses.
Asimismo el Frente Fronterizo por la Paz del Partido Comunista Colombiano denunció el desplazamiento masivo en la frontera desde Colombia hacia Venezuela “a raíz del accionar paramilitar” en la región.
Estas denuncias coinciden con un informe de enero de este año del Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz, Indepaz, conocido por CNN en Español, en el que aseguran que “el paramilitarismo volvió a dar muestras de su capacidad de acción en 2016”.
El informe añade que hay grupos criminales “con intenciones de cooptar el territorio abandonado por la salida de las Farc-Ep”.
El director de Indepaz , Camilo Gonzáles, los identifica como “narcoparamilitares”, grupos cuyo propósito es la “captura de renta de forma ilegal y que actúan en complicidad y colaboración con agentes del Estado”.
Mientras tanto las FARC , que hacía presencia en 242 municipios, pasó a agruparse en 26 veredas, “quedando libre más del 90% del territorio que antes ocupaban”, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), un centro de estudios que monitorea el conflicto armado en Colombia.
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Se estima que entre las principales acciones de estos grupos “narcoparamilitares” están el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas, los servicios de seguridad privada, el lavado de activos y el contrabando, según el informe de Indepaz.
Ese documento señala que los llamados paramilitares se han infiltrado en las instituciones del Estado y han hecho alianzas con servidores públicos y los gobiernos locales.
Indepaz advierte además que han acciones contra los civiles como homicidios, reclutamientos forzados, desplazamientos, homicidios, entre otros.
El informe de PARES identificó en su más reciente informe cinco tipos de “territorios postFARC” que han sido retomados por otros grupos delincuenciales tras de la salida de la guerrilla de las FARC hacia las zonas de concentración temporal en el marco del acuerdo de paz de La Habana con el gobierno de Colombia.
Esos lugares fueron ocupados por el ELN, las disidencias de las FARC, la delincuencia común y las bandas criminales más grandes que operan en el país , como el Clan Úsuga y los Pachelly, una organización criminal adscrita a la Oficina de Envigado, herederos del tristemente célebre Pablo Escobar.
Lamentablemente olo en casos puntuales como el sur del Tolima y en un municipio del departamento de Huila el Estado ha vuelto a hacer presencia allí, según PARES.
“No es que haya renacido el paramilitarismo. Son grupos que ya existían desde hace 10 o 12 años y ahora han copado el territorio. No es que ahora estén surgiendo otros paramilitares por otro lado. Ha habido un proceso de reordenamiento de organizaciones que ya existían”, declaró a CNN en spañol Ariel Ávila, investigador de PARES,
El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, negó que en el país existiera el fenómeno del paramilitarismo y dijo que se trata de bandas criminales, BACRIM, que las fuerzas del Estado están combatiendo debidamente, lo que revela solo diferencia de matices en el problema de fondo.
“En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que lo hay significaría otorgarle reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común y organizada”, dijo.
. “Hay lucha integral del Estado contra todas las manifestaciones del delito llámase ‘Golfo’, ‘Pelusos’ o disidencias de las FARC. Allí lo que hay es crimen organizado en su gran mayoría y está siendo debidamente combatido por las fuerzas del Estado”. insistió.
Los analistas consideran que el riesgo de que los narcotraficantes subsuman los disidentes de las Farc es bastante bajo en relación a que puedan ser masacradas por otros grupos armados ilegales una vez dejen las armas.
Basta recordar que en 2007 y 2010 las FARC y el ELN afrontaron una verdadera guerra en la que se masacraron incluso familiares de los guerrilleros; la disputa se vivió con intensidad en Arauca y Nariño.
Igualmente, en el caso de las bandas criminales, desde finales del año 2015 se sabe de denuncias de incursiones de los Urabeños en el Meta o Caquetá.
La entrega de armas
De acuerdo a los nformes de inteligencia militar las Farc tienen en su poder no menos de 45.000 armas de todo tipo, entre ellas más de 30.000 largas (fusiles y ametralladoras), entre 15.000 y 20.000 cortas (pistolas), además de las armas no convencionales, como los llamados cilindros bomba o tatucos, granadas de mano y otro tipo de explosivos.
Asimismo menciona fusiles y ametralladoras de todos los calibres, siendo los más comunes los AK-47, AKM, M-4, M-16, R-15 y PKM, que probablemente no están en buen estado.
Por otra parte, se ha dicho que se van a desmovilizar cerca de 7.000 guerrilleros, en un proceso complicado teniendo e cuenta que el jefe de las FARC Iván Márquez ha hablado igualmente de caletas en la selva que hay ubicar.
La incertidumbre que existe sobre cuántas armas tiene la guerrilla y si en realidad las van a entregar todas genera escepticismo en la ciudadanía, tal y como quedó reflejado en la encuesta Gallup Poll de febrero, donde una mayoría no cree que se vaya a cumplir con lo pactado.
Un escenario que da para pronunciamientos como el de la representante a la Cámara del Centro Democrático Tatiana Cabello, quien exigió que esa dejación se haga de cara al país. “Todos los colombianos tenemos derecho a saber qué armas se están entregando, si corresponden en cantidad y qué tipo de manejo se les va a dar. El Gobierno, las Farc y la Misión de Naciones Unidas están en la obligación de mostrarle a toda la opinión pública el paso a paso de este proceso”, insistió.
Los mitos de la ultraderecha
En este complicado panorama, la ultraderecha colombiana trata de llevar agua para sus molinos, agigantando los problemas en lugar de resolverlos y creando dos mitos urbanos que no tienen mayor consistencia.
El primero dice que las Bacrim, ahora bautizadas grupos armados organizados por el Gobierno Nacional, se van a “chupar” a las FARC, es decir, las van a incorporar a sus filas, pese a que miles de guerrilleros se encuentran acampados en ls zonas veredales mientras avanza el proceso de dejación de armas.
El segundo mito asegura que las estructuras de las FARC van a reincidir, y se crearán algo así como “farcrim” con los disidentes cuyo número es ínfimo si tenemos en cuenta que se ha previsto que entre el 10 y el 15 % de los miembros de un grupo armado ilegal abandonen el proceso, aunque el riesgo no se puede descartar.
La Fundación Paz y Reconciliación envió equipos en terreno para realizar una investigación sobre el futuro de la reintegración y se concluyó que los riesgos son mínimos en ese sentido pero aumenta el peligro de las acciones de Los Urabeños o el Clan Úsuga en el Meta o Caquetá.