Si hubiera que hacer un recuento de lo ocurrido en el mundo político nacional, lo más impactante resultó siendo la aplicación del artículo 134º de la Constitución Política del Perú que permite al Presidente de la República la facultad para disolver el Congreso, si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. La decisión fue tomada y se sigue el camino trazado por la Carta Magna, mediante el cual se ha procedido a la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso.
Aun cuando todavía hay algunas voces que cuestionan lo ocurrido en razón de sus propios intereses, lo cierto es que nadie duda que las elecciones se realizarán dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, o sea el próximo 26 de enero del año 2020.
Se está transitando por la vía correcta. Después de la obstrucción obstinada y descarada de un grupo político, que se arropaba en la herencia de la dictadura fujimorista, involucrado en hechos censurables, no había otra forma de resolver el problema, problema que impedía la gobernabilidad y, por tanto, el destino de un futuro mejor, de un país como el nuestro cuyo patrimonio más importante, desde el punto de vista material, consiste en las riquezas naturales, que bien utilizadas y sin asomo de actos delincuenciales, deberían de servir para mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro pueblo.
Es verdad que el tiempo de vigencia del nuevo Congreso será corto, lo cual no significa que quienes conformen el mismo cumplan la función legislativa tal cual aspira la ciudadanía. Es decir un Congreso que vele por los intereses de una Nación, que aún se mantiene en ese grupo infame de los calificados como subdesarrollados. Es una labor muy importante. En poco tiempo están obligados los elegidos a demostrar su valía. No hacerlo, argumentando, el poco tiempo de sus funciones, serviría fatalmente para demostrar que el país no cuenta con políticos idóneos y que seguirá postrado porque la ausencia de los mismos condenan al Perú a una fatalidad, cuyo signo más importante es la pobreza, la falta de equidad y desarrollo sostenible.
Las bases para alcanzar ese cometido están en la epidermis de nuestra realidad. Entendemos que el tema de la equidad y desarrollo es de enorme complejidad y se presta para muchos enfoques distintos. Bien podría hacerse uno de carácter filosófico, que parta de una discusión detallada de naturaleza conceptual y epistemológica, derivando sólo marginalmente hacia las políticas concretas, hasta otro que se detenga sólo en éstas.
El por qué preguntarse de la equidad en el desarrollo. Es innecesario justificar la búsqueda de la equidad. Ya se dijo antes. La antigua y aún vigente visión tomista de las dos dimensiones de la justicia conmutativa y distributiva, introduce ya en ésta la necesidad de dar a cada uno lo que corresponde, tanto lo que se entrega a cambio en un proceso de intercambio como lo que la propia dignidad de ser humano exige dentro de las relaciones sociales.
Pero hay que ir más lejos. Podríamos hablar de la misericordia o de la caridad. No se trata, sin embargo, simplemente de ello podemos argüir que la caridad tiene carácter de obligación moral. Ello no es suficiente, por cuanto significa la chispa de amor al prójimo existente en cada persona, la que le da su dignidad propia y es esta dignidad la que constituye la razón definitiva para buscar la equidad. En pocas palabras la equidad es una exigencia en el ser humano que ve en el otro su propia imagen y que, por tanto, más allá de las ideologías o credos, si estos existen, debe existir una conducta política para requerir en quienes nos representan una actuación como característica definitoria. El tema da para mucho más. Pero la discusión puede entablarse si tomamos en cuenta las enormes desigualdades en que vive la gran mayoría de la población nacional.