La discusión abierta en torno a la explotación petrolera del Lote 192 en donde, curioso el caso, el oficialismo y la oposición tienen marcadas coincidencias y, al mismo tiempo, diferencias relevantes. Así tenemos que, por un lado, Palacio de Gobierno considera que la empresa estatal no debe hacerse cargo de dicha labor porque, simple y llanamente, no tiene dinero. Y que, por tanto, resulta beneficioso que lo haga la empresa canadiense Pacific Stratus Energy del Perú S.A. Esto mismo piensan los legisladores de casi todas las bancadas que no forman parte del gobierno, entre ellas las del fujimorismo y el aprismo. En contraste, por otro lado, los parlamentarios de lo que queda del humalismo se han ubicado en la vereda opuesta y hasta consideran que restarle la oportunidad de esta gestión a Petro-Perú es poco menos que una traición al pueblo loretano en particular y al país en general. Eso mismo y a última hora, declara la máxima representante del autócrata, hoy en prisión, entre otros delitos por haberse apropiado en volumenes increíbles de los bienes patrimoniales del Estado.
Pero en medio de estas curiosas posiciones, que tienen más olor electorero antes que otra cosa, se ha dado a conocer un comunicado oficial del Ministerio de Energía y Minas, que se supone es la decisión firme del régimen que, dentro de pocos meses, debe desalojar los aposentos de Palacio de Gobierno. Dígase de paso, sin muchos aplausos y con un exceso de cargas acusatorias que a juicio de los penalistas, pueden concluir con acusaciones y sanciones penales, en la medida en que los administradores de justicia resuelvan lo correcto, declarando con pruebas irrebatibles culpabilidad o a falta de ellas, inocencia en lo que corresponda a cada caso. Es un fenómeno político-judicial repetido, digamos el retorno de episodios de casos ya conocidos o al menos parecidos, aquí y en otras latitudes, donde la corrupción, cada vez que la dejan, hace lo que le da la gana. La historia es larga al respecto desde tiempos de los próceres. Cualquiera hayan sido o sean quienes manejen los destinos de la nación.
En el instante supremo, luego de la bulla mediática, de encontronazos que parecen irremediables, hace su entrada triunfal una fraternidad invisible parecida a la “cosa nostra”. Esta se encarga de limar asperezas, de llevar al olvido lo que ayer se aseveró. Los culpables dejan de ser tales, en aras de la “gobernabilidad” y de la “democracia”. Si ayer no podían ir ni a misa, con el tiempo nuevo, se aprestan a comulgar juntos en procura de alianzas o coaliciones que les permita disfrutar del soñado poder. Así la ruleta, de una falsa democracia, sigue su juego, pero para entonces con otros protagonistas.
Bueno, ocurre que en el citado comunicado a toda página, el Ministerio de Energía y Minas hace referencia en breves acápites al problema de las comunidades nativas afectadas por la explotación del “oro negro” y otros recursos naturales, que son de ávido interés del gran capital. Hecho éste que llama la atención si se tiene en cuenta que dichos peruanos han sido los olvidados de siempre, las víctimas directas de cuánto la depredación puede hacer cuando, además del poder económico, también tiene en sus manos el poder político. Existen pasajes en la historia nacional, tanto antes como después de Carlos Fermín Fitzcarrald, personaje siniestro y controversial, que explican tal estado de cosas.
Tales antecedentes y hecho registrados en los últimos tiempos hasta con muertes sangrientas, hecho público el comunicado, nos lleva a formular una serie de interrogantes. Por ejemplo ¿será suficiente y justo el prometido aporte del 0.75 por ciento de las ventas de petróleo del Lote 192 a un Fondo Social a favor de las comunidades nativas de la zona, que se calcula aproximadamente en un millón de dólares anuales? ¿Tendrán las mencionadas comunidades nativas acceso directo a la administración de tal Fondo Social o serán llevadas al engaño de parte de una burocracia insensible y ladrona? ¿Por qué los representantes de Feconat y Oriat, tales las siglas de las comunidades que han aceptado la promesa, están acuerdo en ello y por qué no ocurre lo mismo con la representación de Fediquep y Feconaco, que han tomado distancia de la oferta? ¿Qué los ha llevado a eso a estas dos últimas organizaciones nativas? El comunicado de marras no explica esto. Se limita a decir que el Ministerio ha desarrollado sus mejores esfuerzos. Y punto.
Es bueno recordar que no le están haciendo ningún favor a las mencionadas comunidades nativas. Al contrario es una obligación legal que debe ser cumplida con idoneidad. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo dice muy claramente que los pueblos indígenas, aquellas que descienden de poblaciones que habitan en una zona determinada del país (…) cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Lo anterior tiene como correlato dos derechos: uno que reconoce a tales pueblos su libertad para decidir los caminos que les permitan continuar con su proyecto histórico de vida y otro que les reconoce la importancia especial que tiene su relación con las tierras o territorios que ocupan y utilizan de alguna u otra manera, en particular los aspectos colectivos de esa relación. Aquí no valen por razones legales y morales, la estrategia de amenazar u ofrecer dádivas para atemorizar o ganarse la voluntad de los pobladores, con el propósito de que cedan derechos de servidumbre sobre sus tierras, ignorando su voluntad y la de las asambleas comunitarias o del pueblo, instituciones políticas que regulan el quehacer en tales comunidades.
La cita del convenio que en el caso peruano, por el hecho de haber sido ratificado, tiene rango de ley constitucional, debería hacer ver a los políticos que los derechos relacionados con el lote petrolero con sede en Loreto, al igual de lo que ocurre en otros lugares del territorio nacional, no pueden ser objeto de atropello alguno ni de despojo. Las comunidades nativas tienen suficiente libertad para decidir lo que más convenga a los intereses de sus habitantes, incluyendo la de evitar que les impongan otras formas de relacionarse con el agua, la tierra, la agricultura, los recursos naturales, sus tradiciones, sus ritos, fiestas, convivencia y el trabajo colectivo. La voluntad de los pueblos deben ser respetados Y en ese andar, no basta, no es suficiente que se diga que se han hecho los mejores esfuerzos. Hay que evitar que la fatiga o la fragilidad de las explicaciones, tengan consecuencias devastadoras para sus territorios y pobladores. Y eso se logra con persistencias, con argumentos válidos y transparentes, encaminados a resolver tanto el interés nacional, pero al mismo tiempo destinados a resolver las necesidades propias de las comunidades nativas. Es lo civilizado.