“No saben con quién se meten”. Esta frase intercambiada en el grupo de mensajería interna de los parlamentarios fujimoristas da la medida de la furia que permanece y que se hace más fuerte cuando se sienten desafiados. El llamado Grupo Mototaxi expresa un malestar que puede enrarecer el ambiente político atacando irracional y antidemocráticamente a las instituciones y a las personas cuya conducta no se ajusta a sus expectativas.
Y es lo que estamos viendo. El fujimorismo y su bancada se enfrenta en simultaneo a varias instituciones del Estado y a personas de peso político como represalia ante lo que consideran ataques organizados.
Hace tiempo tienen al Ministro del Interior en la mira, hace algunos días han puesto la puntería a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y ahora se agrega a la lista al Fiscal de la Nación y hasta al presidente Kuczynski amenazado de acusación constitucional si no se ajusta a sus requerimientos.
No están solos pero como bancada dominante deben poner límites a la intolerancia a la discrepancia y a la intemperancia ante el conflicto. Su agresividad contamina a todo este poder del Estado y hace recordar a los autoritarios noventa con sus desencuentros sistemáticos y sus barrabasadas contra la institucionalidad democrática.
Queda claro que se creen intocables, que están molestos por la investigación a Keiko Fujimori a lo que suma la reapertura de la investigación a su ex secretario general Joaquín Ramírez. Y que tienden una cortina de distracción ante los avances de la Fiscalía sobre aportes a la campaña naranja. Que a pesar de las celebraciones de ayer en el Congreso no hay seguridad de que Marcelo Odebrecht los exculpe.
El conflicto y el consenso son dos caras de la democracia. Que gobierno y oposición lo entiendan así, sin frases altisonantes ni agravios insolentes, menos aún amenazas. La gobernabilidad es responsabilidad de todos.