Sin que exista ningún informe sobre actividades terroristas precisas, los verdugos del Grupo Colina, con el visto bueno de la cúpula militar, organizaron el “Plan Cipango” que desembocó en el secuestro, torturas y matanza de seis pobladores de los anexos Pampa San José y Caraqueño, en Pativilca.
Los entretelones de este horrendo caso, que figuran detalladamente en los expedientes judiciales, establecen que la masacre, organizada por la queja de un empresario chino molesto por las protestas de los campesinos, fue autorizada por el alto mando militar, encabezada por el general Nicolás Hermoza Ríos, con el conocimiento del indultado ex presidente, Alberto Fujimori y bajo la coordinación de Vladimiro Montesinos.
Las investigaciones señalan que la madrugada del 29 de enero de 1992, cuatro sujetos altos y fornidos, así como una mujer de baja estatura, miembros del Grupo Colina que dirigía el entonces mayor EP Santiago Martin Rivas, provistos de una potente linterna, ingresaron al domicilio de Cesáreo Calderón y su esposa, a quienes tiraron al piso y amarraron.
No necesitaron buscarlos ni utiizar la fuerza porque los desdichados campesinos no eran investigados por presunta subversión y fueron sorprendidos en sus domicilios.
Paralelamente, otros encapuchados ingresaron al dormitorio de los hijos. Uno de ellos, Enrique, observo se llevaban a Jhon Calderón Ríos, mientras otros rompían el kiosco que estaba fuera de la casa.
Los encapuchados se apropiaron de dinero y luego generaron una explosión que atemorizó a la familia. Ellos, en medio de la confusión, alcanzaron a ver dos camionetas marcharse. Horas más tarde encontraron el cadáver de Jhon en un cañaveral. Tenía las manos atadas y presentaba dos impactos de bala.
Toribio Ortiz Aponte se encontraba descansando en el domicilio de Paulo y Abraham Fernández Migo, primos de la víctima, en Pampa San José.
Al escuchar los puntapiés en la puerta de la casa se asustaron pensando en el robo del que habían sido víctimas días antes. Los hermanos Fernández Migo salieron corriendo, mientras que Ortiz Aponte dijo que los enfrentaría.
Los hermanos lograron esconderse y vieron que un grupo de hombres armados detuvo a su primo, lo golpearon y se lo llevaron a bordo de una de las dos camionetas de doble cabina en las que llegaron. El cadáver de Toribio fue hallado horas después en un cañaveral.
Una columna de 15 miembros del Grupo Colina irrumpió gritando groserías en el domicilio donde se encontraba Felando Castillo con Ada Ochoa Solano, amenazando con matarlos si gritaban.
https://www.youtube.com/watch?v=2ZskwNaEc54
Ada Ochoa fue cubierta con una colcha y obligada a quedarse en el dormitorio con dos de los sujetos, quienes luego se llevaron a su esposo, Felando Castillo.
Al igual que en los casos anteriores, lo asesinos vestían chompas negras y pasamontañas. Felando fue hallado al día siguiente en un cañaveral, con 4 tiros en la cabeza. También tenía las manos y pies atados.
A las 3:30 a.m. del 29 de enero, José Luis Agüero Rivera subió al techo de su casa en la localidad de Caraqueño y pudo observar dos camionetas de las que descendían entre 20 a 30 personas. Alumbraron su casa con un reflector y de inmediato ingresaron.
Entre los sujetos estaba una mujer vestida con ropa de comando y el rostro cubierto con pintura, tenía el pelo teñido y era de baja estatura.
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Cuando entraron a su domicilio apuntaron con sus armas a Anuncia Rivera Santos, madre de Pedro Agüero Rivera, golpeándola en la cabeza con una escopeta, al igual que a su esposo. Pedro Agüero salió en defensa de su padre a quien amenazaron con matarlo, pero luego fue amarrado y envuelto con una frazada para ser llevado con rumbo desconocido.
Después encontrarían su cadáver en un cañaveral cercano, con signos de tortura y varias heridas de bala en la cabeza.
Esa misma madrugada, un grupo de personas ingresó violentamente al domicilio de Nicanor Vilca Quispe, en el caserío de Caraqueño, pateando la puerta y realizando disparos. Lo colocaron con su esposa boca abajo y una mujer dijo a los otros sujetos: “si se mueven, elimínalos”.
Rebuscaron en toda la casa y golpearon a su cuñado. Posteriormente se dirigieron a la casa de Ernesto Nieves Arias Velásquez, lo sacaron y se lo llevaron. Al día siguiente lo encontrarían en un cañaveral atado de manos y con impactos de balas en la cabeza.
En el caso de César Rodriguez Esquivel, 15 personas, entre las que se podía ver una mujer, patearon la puerta de su domicilio con intenciones de ingresar. Como no pudieron tirarla, el grupo ordenó que la abran, desde la ventana. Rodríguez preguntó quiénes eran, pero solo respondieron con insultos. La familia quiso salir por la segunda puerta, sin embargo, al llegar ya había sido violentada.
Los efectivos, alumbrados por una potente linterna, sujetaron a la fuerza a César Rodríguez y lo tiraron al piso. A su esposa, Erlinda Lucas Muñoz, la apartaron a un dormitorio, preguntándole: “¿donde están las armas?”.
Erlinda lloraba pidiendo por su esposo y asegurándoles que no había armas en la casa. Luego, la mujer que llegó con el grupo encañonó a su suegro, el padre de César. Pese a no encontrar ningún arma, se llevaron a César.
Erlinda Lucas y su suegro llegaron a la puerta donde pudieron observar a la mujer, quien avanzando hacia los sujetos, les dijo: “esperen voy a matar a ese ch…”, entonces cerraron la puerta atemorizados y escucharon disparos. Al salir de nuevo vieron las camionetas de doble cabina marcharse.
Tras los hechos, dejaron pintas que decían: “muerte a los soplones”.
Los familiares visitaron todas las comisarías de la zona donde les negaron haber realizado alguna batida en la zona. Recorrieron hospitales y la morgue, sin hallar nada.
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Cerca de las 6 p.m. del 30 de enero, José Luis Agüero, hermano de una de las víctimas, encontró los cuerpos. “Un amigo que bajaba con su camión me contó que había visto varios cuerpos en un cañaveral cerca de la carretera de ingreso. Cuando fui a verlos encontré un cuadro horrible. Mi hermano tenía disparos en la cabeza, pero había otros dos señores que estaban torturados, quemados, parecían que le habían puesto soplete”, contó Aguero.
En ese entonces, los familiares aseguraron ante la policía que los victimarios eran militares, sin embargo, poco hicieron para investigar el caso.
Para Aprodeh el crimen de los pobladores de Pativilca siguió el mismo patrón de los asesinatos del grupo Colina en el caso del secuestro del periodista de Huacho Pedro Yauri y los asesinatos de la familia Ventocilla.
Los testimonios de los familiares y testigos coinciden con las declaraciones que varios miembros del grupo Colina dieron las audiencias, detallando la forma en la que actuaban.
Este operativo formó parte del “Plan Cipango” para realizar acciones contrasubversivas en el norte chico, las que eran conocidas por el extraditado Fujimori.
El 15 de noviembre de 2011 se formalizó denuncia contra Alberto Fujimori, como autor mediato del delito de asesinato y contra la tranquilidad pública. También, contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Julio Rolando Salazar Monroe, Juan Nolberto Rivero Lazo y Federico Augusto Navarro Pérez, como autores mediatos del delito de asesinato. Alberto Pinto Cárdenas fue denunciado como complice primario, por el delito de asesinato. Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarleque Ordinola, Haydee Terrazas Arroyo, Nelson Carbajal García, Fernando Lecca Esquen, César Alvarado Salinas, Carlos Zegarra Ballón, Julio Salazar Correa, Juan Vargas Ochochoque, Pedro Santillan Galdos, Gabriel Vera Navarrete, José Alarcón Gonzales, Ángel Pino Diaz y Víctor Hinojosa Sopla fueron denunciados como coautores de asesinato contra Jhon Calderon Ríos, César Rodréguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Agüero Rivera, Nieves Ernesto Arias Velásquez, Felandro Castrillo Manrique.
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En la sesión del 27 de febrero de 2007 del proceso seguido al destacamento Colina, el ex agente Jorge Ortiz Mantas confesó ante la Sala Anticorrupción que en 1992 el Grupo Colina, era el encargado de las operaciones especiales, que incluían acciones de vigilancia, secuestro y aniquilamiento.
Es decir que el Operativo Cipango había sido ordenado por la cúpula militar encabezada por el general Nicolás Hermoza Ríos, dentro de una estrategia de “combatir fuego con fuego” al terrorismo, que conocía la cadena de mando, con el conocimiento y visto bueno de Alberto Fujimori.