Ya habló el pueblo. Ahora le toca al gobierno y al congreso

 

La reciente semana nos ha permitido conocer más de cerca la importancia que tiene escuchar a quienes reclaman que los oigan, de observar a quienes desean que se los mire, en toda la dimensión de sus vidas, precarizadas por la marginación, la discriminación y, hasta podríamos decir, el olvido secular. Ciudadanos en su gran mayoría procedentes del sur peruano, con otros tantos de los distintos sectores ciudadanos del norte y de la capital, se reunieron este jueves para, efectivamente, “tomar Lima” con el propósito de unir sus voces y exclamar, al unísono, la necesidad de poner fin a una etapa gubernamental, colmada de desaciertos, e iniciar una nueva, que recoja con verdadera responsabilidad democrática la conducción del Estado, esa responsabilidad que significa dirigir y hacer desde el Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, cuanto se pueda, para que el bien común sea un derecho de todos y no, como ahora, algo inalcanzable para la gran mayoría de peruanos.
Esas personas han sido, a mi juicio, las que han dado vida a la palabra y abierto con mayor claridad a las de otras oportunidades, el sentido del diálogo con contenido social, diferente a las consabidas “mesas de diálogo” que no están demás, pero que carecen del alcance de estas movilizaciones sociales. Primero, porque esas “mesas”, con frecuencia, terminan siendo intermediarias de pedidos que no siempre son atendidos; segundo, porque las mismas, con equivocado criterio político, son mal utilizadas para dilatar las conversaciones; y tercero, porque se está a la espera que el tiempo transcurrido, sirva para meter en el saco de los olvidos, las promesas que se hubieran formulado. En cambio, analizando la realidad política. es evidente que la movilización social de esta semana se ha convertido en la palabra directa de lo que quiere el pueblo de las mayorías, con argumentos que tal como lo demuestran los escrutinios de opinión pública, deben ser objeto de respuesta inmediata, dentro de la sensatez que siempre es aconsejable.
Por la trascendencia de los hechos que hoy conmueven el sentimiento ciudadano, no me voy a referir a los comentarios de algunas personas que tratan de encontrar, mediante conjeturas, otros problemas, pretendiendo desfigurar el sentido verdadero de la movilización reciente. ¿Qué ésta podría ser aprovechada por quienes no creen en la vida en democracia? ¡Por supuesto! No es novedad ni aquí ni en ninguna parte. ¿Acaso en la historia política del país, como en otros, no se han producido, en las décadas anteriores, estos penosos y censurables hechos? El asunto, por cierto, es competencia de quienes deben tomar cartas en este problema, pero con investigaciones que culminen con la presentación de pruebas y no montando hechos falsos, que terminan desacreditando a las instituciones encargadas de esa delicada labor.
Yendo al fondo de lo protagonizado por aquellos ciudadanos que no son escuchados ni son vistos por quienes gobiernan, solamente queda remarcar que, en nuestro país, lo que hace falta es una política social, encarada antes que nada como factor de desarrollo humano y vinculada e interdependiente con la creación de recursos, la expansión del crecimiento, el ahorro interno y una adecuada inversión tanto industrial, comercial y agrícola, como en el área del bienestar  común y de la seguridad social. Vale decir, una política social secundada por condiciones que aseguren oportunidades de nuevos empleos. Por medidas de estímulo a un nivel suficiente de trabajo e ingreso. Por el mantenimiento de las posibilidades de trabajo en medio de la crisis y el ajuste. Por lo tanto, una política social que al mismo tiempo que pretende los objetivos anteriores, se propone una conveniente y hasta igualación y protección social oportuna, indispensable y efectiva. Esto y mucho más reclama ese pueblo mayoritario, con sus constantes movilizaciones, en procura de una vida más digna. Se le debe escuchar. Ahora falta la respuesta de quienes en el Poder Ejecutivo y en el Poder Parlamentario.

 

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