La libertad inmediata del exdictador Alberto Fujimori fue dispuesta por el Tribunal Constitucional declarando fundado el habeas corpus a favor de su indulto, pese a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como se sabe, la petición de validar el indulto dado por Pedro Pablo Kuczynski de modo irregular –por eso Fujimori debió volver al encierro-, fue presentada por el ciudadano Mauricio Fernando Arnillas Gonzáles en contra del Director del Penal de Barbadillo, Ate Vitarte, y del Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Módulo Penal Ica, Dr. Vicente Fernández Tapia. La solicitud alegaba un presunto atentado contra la libertad Individual mediante la detención arbitraria, pero omitía que la ‘gracia presidencial’ concedida entonces estaba basada en un proceso viciado en varias de sus etapas.
En contra de lo resuelto por la @CorteIDH y comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado, el @TC_Peru ordena la inmediata libertad de Alberto Fujimori. pic.twitter.com/OejcpX2SXi
— Ronald Gamarra (@ronaldgamarra) December 5, 2023
Precisamente por ese antecedente se afirma que la decisión tomada hoy por la actual conformación del Tribunal Constitucional, cuyos integrantes fueron elegidos por el actual Congreso en un controversial proceso de selección, no solo ha ido en contra del orden jurídico peruano, sino también del orden jurídico internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al Estado peruano informar sobre el cumplimiento de la resolución que emitió el 7 de abril de 2022. El hecho se dio luego de la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la liberación del expresidente Alberto Fujimori, encarcelado por crímenes contra la humanidad. La decisión tomada por el TC se da sin que el Estado peruano haya cumplido con esa disposición.
“Siguiendo instrucciones del presidente del Tribunal, se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la Resolución de 7 de abril del 2023”, detalla la Corte IDH.
El @TC_Peru declara que los más que puede hacer la @CorteIDH en caso de incumplimiento es informar a la @OEA_oficial que el Estado ha incumplido ¿En serio no entienden lo que significa que una corte internacional informe a un organismo como la @OEA_oficial que el estado peruano…
— César Azabache (@azabacheCaC) December 5, 2023
Como se sabe, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta, acusado de homicidio calificado y lesiones graves, por esa razón cumple su condena en el penal de Barbadillo en Lima. Asumió la condición de dictador al ejecutar el autogolpe de 1992, cuando cerró inconstitucionalmente el Congreso y asumió el control total del Poder Judicial, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas junto con su asesor Vladimiro Montesinos.
La sentencia que hoy el Tribunal Constitucional ha decidido no acatar fue emitida por el juez César San Martín, quien luego de un extenso y transparente proceso judicial concluyó que los cuatro cargos estaban probados más allá de toda duda razonable. Los delitos en los que Fujimori estuvo involucrado son, entre otros, usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro, matanza de Barrios Altos, matanza de La Cantuta, peculado y falsedad ideológica, delitos de corrupción y espionaje, caso Diarios Chicha.
Con información de La República
(JA)
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