Este 20 de julio un nuevo comunicador ha caído como víctima de la ola de violencia que sacude al estado mexicano de Veracruz y al país en general. Pedro Tamayo Rosas fue atacado en la puerta de su domicilio en las horas de la noche, cuando se hallaba en compañía de su familia. Desde enero, contaba con protección policial a raíz de múltiples amenazas provenientes del narcotráfico debido a su labor periodística.
Pedro Tamayo Rosas, trabajador del periódico El Piñero de la Cuenca y del portal Al Calor Político -además de desempeñarse en el área de Planeación y Estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública-, cuyas notas llevaban por firma “En la línea de fuego”, tenía como principal actividad profesional la publicación de los hechos de violencia suscitados en el municipio veracruzano de Tierra Blanca, de donde era oriundo. En enero de este año había sido víctima de amenazas por parte de sectores ligados al narcotráfico, y a raíz de ello fue trasladado a Tijuana bajo la protección de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). Unos meses después regresó a su ciudad, pero la custodia policial continuó.
Sin embargo, la noche del 20 de julio a las 23 horas, en la puerta de su domicilio donde Tamayo Rosas tenía un local de comidas, dos sujetos desconocidos abrieron fuego en su contra reiteradas veces y se dieron a la fuga. El periodista de 43 años, pese a ser asistido por la Cruz Roja, murió camino al hospital. El fiscal Especializado en Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de Veracruz se trasladó a la zona y no descartó “ninguna línea de investigación, incluido el trabajo periodístico”. Con este, son ocho los comunicadores asesinados durante 2016 en México.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), organización que representa a 600.000 periodistas en todo el mundo, insta a las autoridades estatales y nacionales a actuar con urgencia ante la situación de extrema peligrosidad que vive el periodismo en México, un país atravesado por una ola de violencia que afecta todos los derechos de la ciudadanía, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Si los responsables de estos crímenes no son juzgados, la censura y la autocensura continuarán erigiéndose como sólidas trabas para el ejercicio libre de la profesión periodística, pilar fundamental de las sociedades democráticas”, ha sostenido en torno a este hecho Anthony Bellanger, secretario general de la FIP.