La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha puesto en marcha un proceso de indagación preliminar contra los cinco jueces supremos que integraban la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en 2025, liderada por el magistrado Víctor Prado Saldarriaga. El motivo de esta acción es su decisión de declarar inaplicable la controvertida ley de impunidad N° 32107 y permitir la continuación del proceso judicial sobre el caso emblemático de las esterilizaciones forzadas durante el régimen del dictador Alberto Fujimori.
Fuentes internas de la JNJ señalaron al portal Lima Times que los magistrados bajo investigación son Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez.
En estos momentos la @JNJPeru ha dejado de ser un órgano constitucional y ha pasado a ser el verdugo de la coalición fujimorista que tiene el poder en el congreso. https://t.co/CL2rqOo11n
— Carlos Rivera Paz (@IDL_Rivera) June 19, 2026
En diciembre de 2025, estos jueces se negaron a aplicar la ley de impunidad N° 32107 en el caso que involucraba las esterilizaciones forzadas. Esta norma había sido promovida por el partido político de Keiko Fujimori, a partir del proyecto de ley N° 6951 presentado por Fernando Rospigliosi y respaldado por Martha Moyano, entonces presidenta de la Comisión de Constitución.
La ley buscaba limitar los alcances de los delitos catalogados como de lesa humanidad, excluyendo su aplicación en casos de crímenes graves perpetrados por agentes estatales durante la administración fujimorista en los años noventa.
Evaluar procesos contra jueces por haber cumplido con su deber constitucional de garantizar justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos, se ha vuelto la normalidad de la @JNJPeru
La independencia judicial esta siendo amenazada por solo interpretar y aplicar… https://t.co/ZoSru06FVH
— Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) June 20, 2026
La decisión judicial rechazó la solicitud de prescripción que había presentado Edgar Raimundo Ortiz Huamán, acusado en el caso, quien apelaba a la mencionada ley para evadir responsabilidades legales. En su resolución, los magistrados señalaron que los delitos vinculados a las esterilizaciones forzadas constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Por tanto, no pueden regirse por las normas de prescripción aplicables a procesos ordinarios.
Además, argumentaron que dichos delitos están sujetos al ius cogens (normas fundamentales y universales del Derecho Internacional Público que están por encima de cualquier tratado) y principios del derecho internacional, lo que hace inaplicable la ley N° 32107 por contradecir los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano respecto a crímenes contra los derechos humanos.
𝗟𝗲𝘆𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗻 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗿𝘂𝗶𝗱𝗼 👀😶
🔎 En medio de la incertidumbre política, el Congreso y la JNJ toman decisiones que generan polémica.
💰 En este reportaje de #TerritorioTomado analizamos quiénes impulsan estas medidas y a quiénes benefician.… pic.twitter.com/eWYAniTIDZ
— Territorio Tomado (@TerritorioTomad) June 19, 2026
El caso llegó a manos de la JNJ después de una denuncia presentada el 16 de marzo de este año por el abogado José Anderson Tuesta López. Este alegaba que los magistrados habían incurrido en irregularidades al no aplicar la ley N° 32107 durante uno de los juicios relacionados con el caso de las esterilizaciones forzadas.
En una acción interna, la JNJ delegó el análisis preliminar del caso al consejero Víctor Chanduví Cornejo. Este último ya notificó a los cinco jueces en mayo para que presenten sus descargos. Según fuentes cercanas al proceso, los magistrados entregaron sus respectivas respuestas, y ahora el desenlace depende del informe que Chanduví eleve. Dicho informe determinará si se archiva el caso o se inicia una investigación preliminar más amplia.
Si se decide proceder con esta última opción, no se descarta que se active un procedimiento disciplinario contra los cinco jueces. En ese escenario, podrían sumarse a una lista creciente de administradores de justicia presuntamente perseguidos por oponerse a los intereses de grupos influyentes del país.
Son perfectamente capaces de bajarse a una sala entera de la corte suprema. A lo Fujimori Montesinos en 1992. https://t.co/odBSBv1Ky5
— Rosa María Palacios (@rmapalacios) June 19, 2026
En esta nueva edición del programa Reporteros, Gustavo Gorriti analiza cómo la mafia ha reconquistado el sistema de justicia. Desde el retorno de magistrados implicados en graves casos de corrupción a la Fiscalía; hasta la reciente expulsión de jueces y fiscales incómodos al… pic.twitter.com/pKUZwEUu3Z
— IDL-Reporteros (@IDL_R) June 14, 2026
Texto: WSV
Foto: Composición
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