La propuesta de paralización del servicio de transporte público en Lima Metropolitana para este jueves 24 y viernes 25 de julio, promovida por un segmento de conductores en respuesta a los ataques extorsivos contra sus unidades, abre interrogantes sobre su verdadero alcance y los adherentes.
Miguel Palomino, vocero de la Asociación Nacional de Conductores, aseguró a El Comercio que la interrupción de actividades del 24 y 25 de julio la ejecutarán únicamente los operadores de empresas de transporte público víctimas de extorsión. Esta determinación surge tras el homicidio de un conductor y un cobrador de Emptonsa en Carabayllo el 8 de julio, identificados como Carlos Ríos y Edgar Durán.
“A las empresas de transporte no les interesa la vida de sus trabajadores, por eso hemos decidido los choferes parar este 24 y 25 de julio”, advirtió.
Palomino denunció el despido de conductores de una empresa de transporte urbano de Lima norte a raíz de su asistencia al velorio de su compañero fallecido y por exigir ante la prensa seguridad laboral.
El representante criticó la falta de diálogo del Poder Ejecutivo con su gremio, al que considera ilegítimo. Subrayó que los conductores se sienten desprotegidos por los dueños de las empresas de transporte como por el Estado, a consecuencia de la ausencia de medidas de seguridad.
Adelantó que el 24 de julio, sus miembros se desplazarán desde diversos puntos de Lima para congregarse en la plaza Dos de Mayo del Cercado. Dijo haber intentado coordinar con otros líderes, como Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, para que se sumen a la protesta, sin obtener una respuesta favorable.
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Voces disidentes y posturas divididas
Edgar Vitor Galarza, secretario general de Transportes Unidos Cono Norte, reprochó a los empresarios de transporte urbano su indiferencia frente a las demandas de sus empleados, pese al elevado número de asesinatos de conductores y cobradores de los últimos meses.
“Este 24 y 25 de julio nos sumamos al paro porque ya estamos cansados, siguen matando a nuestros compañeros (choferes). Se están sumando todos (los agremiados) del cono norte. Han varios grupos de sindicalistas que están diciendo jornada, pero por hacer esas jornadas y dar tregua al Gobierno están matando más a nuestros compañeros”, declaró Vitor a El Comercio.
Explicó que los conductores que participarán en la interrupción de labores pertenecen de manera mayoritaria a empresas que operan en el cono norte de Lima.
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, declaró que el 26, 27 y 28 de julio acatarán una “jornada de lucha” en “defensa de la vida” de los choferes afectados por la extorsión. No confirmó, sin embargo, una paralización del sector.
Campos señaló que su plataforma reivindicativa incluye puntos a favor del transporte, pero incorporará demandas de otros gremios laborales y colectivos sociales, proponiendo cambios en el Ejecutivo, lo que evidencia un cariz político en la movilización.
“En esta plataforma de lucha no solo están los temas del gremio de transporte, sino de los otros diferentes gremios de sectores como comerciantes, bodegueros, mercados, universitarios, la federación de trabajadores estatales, trabajadores CAS, los ronderos, entre otros”, precisó.
“Somos en la actualidad el blanco de todo el sicariato, de todas las extorsiones, ya no podemos buscar a los aliados o conversar con los dirigentes formales, a los empresarios porque ellos no suman, ya que solo protegen su inversión”, comentó.
El dirigente convocó a los impulsores de la paralización del 24 y 25 de julio a unirse a su protesta. Sin embargo, tildó de “irresponsabilidad” la intención de Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), de convocar un cese de actividades recién para el 11 de agosto y su falta de apoyo a los choferes. Incluso, le rememoró su participación en reuniones con representantes del Poder Ejecutivo, sin obtener avances.
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Divisiones internas
Una clara manifestación de las discrepancias en el sector transporte es la convocatoria a una paralización para el 11 de agosto por parte de las empresas adscritas a la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Martín Valeriano, presidente de esta agrupación, describió la jornada del 26, 27 y 28 de julio como una protesta con tintes políticos y consideró que “se está politizando el reclamo justo y necesario del sector transporte por la inseguridad”.
Valeriano sostuvo que su interrupción de labores se centra exclusivamente en los crímenes contra los conductores y la inseguridad ciudadana, y cuestionó las mesas de trabajo establecidas por las autoridades para abordar la crisis en el sector transporte, dada la ausencia de resultados.
“Queremos aclarar que no hemos hecho ninguna convocatoria. Hemos dado a conocer una paralización para el 11 de agosto por las muertes de nuestros choferes. A raíz de todo lo que se ve y por no ser atendido por el Gobierno, obviamente iremos a una paralización, a pesar de haber una mesa técnica de trabajo en el Congreso y hasta el momento no hay resultados”, mencionó Valeriano.
“Hasta el momento no somos atendidos y se ha incrementado más la ola de criminalidad por parte de estas bandas criminales, quienes no solo están matando a nuestros choferes, sino que están haciendo los cobros de cupos a más del 80% de empresas, y no solo es una banda criminal, hay hasta tres bandas detrás de cada empresa”, subrayó.
“Nuestra única plataforma es la inseguridad, no queremos politizar los paros convocados por transporte urbano, queremos estrategias en la Policía para ubicar el paradero de los delincuentes”, concluyó.
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