La Contraloría General de la República realizó un operativo de control inopinado al proceso de adquisición y distribución de kits escolares destinados a estudiantes de instituciones educativas públicas de zonas vulnerables del país, identificando graves retrasos en la entrega de materiales y prendas escolares que comprometen un oportuno servicio educativo y ponen en riesgo la utilidad de más de S/ 234 millones de recursos públicos invertidos.
La intervención fue encabezada por el contralor general, César Aguilar Surichaqui, y se efectuó en el marco del Servicio de Control Concurrente ejecutado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
El programa contempló la adquisición de 1 074 461 kits escolares para estudiantes de primaria y secundaria de 18 336 instituciones educativas públicas ubicadas en los quintiles 1 y 2 de pobreza en 20 departamentos del país. Cada kit está conformado por polos escolares, buzos, cuadernos y mochilas destinados a beneficiar a la población estudiantil más vulnerable antes del inicio del año escolar 2026.
Para esta intervención, mediante el Decreto de Urgencia 003-2024, el Gobierno autorizó una transferencia de hasta S/ 290 175 391 a favor de PRODUCE para la adquisición de los bienes a través del Programa Nacional “Compras a MYPErú”.
Más de 448 mil kits continúan almacenados
De acuerdo con el Informe de Control Concurrente 008-2026-OCI/5301-SCC, emitido el 13 de mayo de 2026, al cierre del primer bimestre escolar permanecían sin distribuir 448 875 kits escolares almacenados en depósitos del NEC Textil Confecciones, en Lurín, debido a la falta de presupuesto para contratar el servicio de transporte hacia las regiones.
La situación afecta directamente a 7282 colegios públicos de Cajamarca, Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali, donde miles de estudiantes continúan sin recibir los materiales y prendas que debieron entregarse antes del inicio de clases.
“Lo más preocupante de esta situación es que los principales perjudicados son miles de niños y adolescentes de las zonas más vulnerables del país. Estamos hablando de estudiantes que esperaban estos kits escolares para poder asistir a clases en condiciones adecuadas, especialmente en regiones donde el frío, la lluvia y la pobreza hacen aún más difícil el acceso a la educación”, afirmó Aguilar Surichaqui.
Según el informe, Cajamarca y Loreto concentran más del 80 % de los kits pendientes de distribución, situación agravada por las condiciones geográficas y climáticas de difícil acceso en dichas regiones.
Déficit presupuestal
La Contraloría identificó que el principal problema no estuvo en la fabricación de los productos, ya que las micro y pequeñas empresas proveedoras cumplieron con entregar el 100 % de polos, buzos, cuadernos y mochilas en los almacenes correspondientes.
El cuello de botella se originó en la contratación del servicio de transporte, debido a una insuficiencia presupuestal que fue incrementándose progresivamente. Mientras el presupuesto asignado para la distribución nacional fue de S/ 16 millones, el costo real actualizado del servicio ascendía a más de S/ 33 millones.
Perjuicio social y riesgo de deserción escolar
La Contraloría advirtió que la demora en la entrega de los kits escolares genera un serio perjuicio social para estudiantes en condición de pobreza y extrema pobreza, quienes dependen de estos implementos para asistir a clases en condiciones adecuadas.
El informe señala que la falta de buzos escolares afecta especialmente a estudiantes de zonas de clima frío, lluvioso o de difícil acceso, donde estas prendas constituyen una necesidad básica para la asistencia regular a clases.
Además, el organismo de control alertó sobre el riesgo de deserción escolar y el agravamiento de la brecha educativa en miles de estudiantes vulnerables que no recibieron oportunamente este beneficio estatal.
El contralor general detalló que, como parte del servicio de control concurrente, el OCI de PRODUCE emitió tres informes sucesivos que alertaron sobre el deterioro progresivo de la situación, pero que las situaciones adversas han seguido persistiendo.
Precisamente, advirtió que se le dará un plazo prudencial a la entidad para que subsanen lo encontrado, de lo contrario se iniciarán las acciones pertinentes para determinar responsabilidades y el grado de estas.
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