La titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó que la institución que preside, en materia penal, durante el 2025, enfrentó casos complejos vinculados a redes criminales, corrupción de gran escala y delitos que afectan a la seguridad ciudadana.
Frente a este panorama, la autoridad sostuvo que la respuesta del sistema judicial combinó el respeto irrestricto al debido proceso con la imposición de sanciones severas cuando existieron pruebas suficientes.
En ese sentido, informó que los órganos jurisdiccionales penales de la Corte Suprema de Justicia impusieron más de 1 mil 100 sentencias condenatorias a penas que van desde los 25 años hasta la cadena perpetua.
Así, indicó, se expidieron 508 sentencias condenatorias a cadena perpetua; 235 a penas de 35 años de pena privativa de la libertad; 269 a treinta años, y 118 a 25 años de prisión.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
De otro lado, destacó que, en el ámbito de la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, durante el año 2025 se dictaron 13 mil 350 condenas por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
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Precisó que, de ese total, en la mayoría de los casos, 11 mil 194 sentencias condenatorias, correspondieron a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, los cuales la ley sanciona de manera drástica.
“Como se advierte, el Poder Judicial ha dictado sentencias importantes que envían un mensaje nítido: ningún cargo público, ni poder económico ni organización criminal está por encima de la ley”, remarcó.
La autoridad judicial, asimismo, resaltó el rol de las unidades de flagrancia en el combate a la criminalidad, las cuales han permitido dar una respuesta inmediata a los casos de flagrancia en plazos que no superan las 72 horas.
Hasta diciembre del 2025 ingresaron a estas instancias jurisdiccionales 32 mil 280 casos, de los cuales 29 mil 876 fueron resueltos, lo cual evidencia una capacidad de respuesta del 92.5 %.
Señaló que el funcionamiento de las unidades permitió dar respuesta inmediata y efectiva, incluso a casos de delitos graves como la extorsión, el cual es sancionado con penas altas.
NUEVE UNIDADES MODELO
Para este año 2026 se tiene previsto convertir, en diversos distritos judiciales del país, nueve unidades piloto a unidades modelo de flagrancia, estas últimas con magistrados/as a dedicación exclusiva.
Estas se ubican en las cortes superiores de Lima, Lima Sur, Callao, Puente Piedra-Ventanilla, Amazonas, San Martín, Puno, Madre de Dios y Loreto, donde se registra alta incidencia delictiva.
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Como se recuerda, en la última sesión del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, que preside Tello Gilardi, se acordó exigir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el presupuesto respectivo para la implementación de las unidades modelo.
Hasta diciembre del año pasado fueron implementadas 38 a nivel nacional (15 modelo y 23 piloto), compromiso que fue cumplido por parte de la gestión de Tello Gilardi.
Los complejos judiciales de flagrancia concentran de manera articulada, en un solo espacio, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, a la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a jueces del Poder Judicial.
