La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional programó para este 28 de mayo la revisión del recurso de la Fiscalía por el Caso Cócteles que busca revertir la anulación del proceso por supuesto lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
La sesión jurídica se desarrollará de forma remota a partir de las 10:00 horas. Esta cita resultará crucial para decidir si las indagaciones siguen su curso o si se ratifica la cancelación permanente de la causa.
El Ministerio Público demanda que se deje sin efecto el fallo que archivó la carpeta fiscal vinculada a las sospechas por financiamientos ilícitos en las contiendas electorales de los años 2011 y 2016.
Con esta acción legal, los fiscales intentan reactivar la imputación más reciente, la cual plantea una condena de 35 años de cárcel para Keiko Fujimori Higuchi por transferencias de origen desconocido.
⚖️ Los motivos detrás de la clausura judicial
La interrupción del proceso penal ocurrió tras un dictamen del Tribunal Constitucional. Dicha entidad concluyó que las acciones bajo sospecha no configuraban un acto ilícito penal durante la fase de control de la acusación.
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A raíz de ese veredicto, la magistratura de primera instancia ordenó la clausura total del expediente, lo que bloqueó de inmediato el inicio de las audiencias de un juicio oral. Aquella resolución llegó además luego de que se invalidara un juicio anterior sobre esta misma materia.
La impugnación formal fue entregada por las autoridades fiscales en el mes de enero, coincidiendo con reestructuraciones internas en el equipo de investigadores a cargo del documento.
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📌 El impacto de la futura resolución penal
Por el lado de la imputada, su equipo legal defiende la validez de la extinción de la causa y prevé que el tribunal mantenga la postura actual en la sesión fijada.
La Segunda Sala de Apelaciones tiene la tarea de resolver si es procedente retomar el Caso Cócteles o si deja inalterable el carpetazo definitivo. El pronunciamiento final marcará el destino de la investigación y fijará un precedente en las indagaciones sobre dinero destinado a partidos políticos en el Perú.
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Lo que resuelvan los jueces no solo afectará a este expediente en particular, sino que también influirá en los criterios aplicados a otros procesos vigentes por financiamiento electoral y blanqueo de capitales.
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