El congresista Luis Ángel Aragón Carreño ha presentado un proyecto de ley para declarar en emergencia el Santuario Histórico de Machu Picchu. Su objetivo es reorganizar su administración para asegurar tanto su conservación como una mejor atención a los visitantes.
Para lograr esto, la propuesta sugiere que el Ministerio de Cultura, junto con el Gobierno Regional del Cusco, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, SERNANP, la Municipalidad de Machu Picchu y el Comité Consultivo Regional de Turismo del Cusco, evalúen la situación actual de la gestión del santuario en 60 días.
Según el proyecto de ley, esta reorganización administrativa debe revisar y ajustar la estructura y funciones de la Unidad de Gestión del Santuario (UGM) de Machu Picchu. La idea es potenciar su rol técnico y operativo, y plantear mejoras en el acceso, las rutas y los servicios esenciales para turistas nacionales y extranjeros.
También se deberá analizar y replantear los sistemas de distribución y control de la venta de entradas, además de proponer medidas para optimizar la gestión general del Santuario Histórico de Machu Picchu.
En la justificación de su iniciativa, el congresista Aragón Carreño enfatiza que Machu Picchu, reconocido como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la Unesco, es uno de los tesoros más valiosos y representativos del Perú a nivel mundial, y un destino turístico global de gran importancia.
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En este sentido, explica que el valor histórico, arqueológico, espiritual y paisajístico de Machu Picchu realza nuestra identidad nacional y es un motor económico vital para Cusco y todo el país. Sin embargo, en los últimos años se han evidenciado numerosas fallas en su administración.
«Entre los principales problemas que enfrenta está la venta boletos, virtual y físico; colas interminables que deterioran la experiencia del visitante; reventa de entradas; falta de fiscalización eficaz; desorganización en los accesos y rutas, y una deficiente atención de servicios básicos al turista», asegura la iniciativa.
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Esta problemática, señala el parlamentario, no solo daña la imagen de Perú como destino turístico y genera pérdidas económicas diarias para la economía formal y el Estado, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad del patrimonio.
«Esta propuesta es concordante con el artículo 44 de la Constitución que establece que es deber primordial del Estado garantizar la defensa del patrimonio cultural de la Nación y promover el bienestar general de la población», detalla.