Keiko Fujimori, la principal líder opositora en Perú, contempló desde el juzgado, durante la audiencia que puede determinar su ingreso en prisión, la creciente zozobra y deriva de Fuerza Popular, partido que preside y del que dimitió su secretario general y se levantaron voces contra su liderazgo.
A ello se unió la nueva difusión hecha por el portal de investigación periodística IDL-Reporteros de las conversaciones del chat de la cúpula de Fuerza Popular, donde se constata su funcionamiento autocrático, esquema que defiende el fiscal contra el lavado de activos que los investiga por financiación irregular bajo el tipo de crimen organizado.
En la audiencia, que preside el juez Richard Carhuancho, Fujimori ha escuchado durante horas y con creciente mal humor la exposición del fiscal José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones.
El fiscal sustentó el pedido de 36 meses prisión preventiva contra ella y otras diez personas de su círculo cercano.
Así, enumeró los indicios encontrados de las supuestas ilegalidades cometidas por Fuerza Popular en la campaña de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011, donde supuestamente ocultó grandes cantidades de dinero con múltiples aportes ficticios de personas particulares.
Entre el dinero oculto estaría el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirma haber entregado a la campaña de Keiko en sendas partidas de 500.000 dólares que tuvieron como receptores a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, también incluidos en el pedido de prisión preventiva.
Con una expresión cada vez más tensa, la presidenta de Fuerza Popular acumuló un enfado que descargó ante los periodistas en el receso de la audiencia, cuando calificó los argumentos del fiscal de “mentiras”.
Entre los indicios del fiscal destacaron aquellos que muestran la intervención en Fuerza Popular del empresario Vicente Silva Checa, quien estuvo en prisión por ser uno de los operadores de Vladimiro Montesinos, el cabecilla de la gigantesca red de corrupción que acaparó el Estado durante el régimen de Alberto Fujimori.
A pesar de que Keiko Fujimori reiteró en estos días previos que Silva Checa no es su asesor, el fiscal aseguró que ejerce de asesor “en la sombra” al haber encontrado en su computadora comunicados de Fuerza Popular e informes reservados de la comisión parlamentaria que investiga el caso Odebrecht, dominada por el fujimorismo.
Más llamativa fue la revelación hecha por el fiscal de que el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, pagó 210.000 dólares en efectivo a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) por publicidad electoral durante la campaña de las presidenciales de 2011.
Aunque Chlimper negó “absolutamente” esa imputación, RPP lo confirmó en su sitio web y, en ese contexto, Keiko Fujimori anunció la dimisión de Chlimper durante el receso de la audiencia.
Chlimper, quien ejerce a su vez de director del Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), era el número 2 de Fuerza Popular desde mayo de 2016 cuando sucedió al excongresista Joaquín Ramírez, investigado por presuntamente haber recibido 15 millones de dólares de Fujimori para blanquearlos para la campaña de 2011.
Mientras, el congresista fujimorista Rolando Reátegui confesó ser el testigo protegido que delató a Fujimori, a la que pidió su dimisión.
En una carta publicada en redes sociales, Reátegui explicó que decidió acogerse a la colaboración eficaz (delación premiada) al considerar que “en este proceso judicial se ha confundido la lealtad partidaria con la impunidad”.
El parlamentario afirmó que Fujimori ha vulnerado el lema de Fuerza Popular, que reza “unidad, disciplina y lealtad”, al dejar de lado las ideas centrales del partido a cambio de poner por encima “los intereses personales de algunos dirigentes”.
“Quizás sea el momento de entregarle la presidencia del partido a otra persona”, apuntó el legislador.
Esa sugerencia contrasta enormemente con el comportamiento mostrado por Fujimori en las conversaciones publicadas por IDL-Reporteros, donde da órdenes al grupo de congresistas más cercanos a ella, entre los que estaba Reátegui, para que aplaudieran o no al presidente de Perú, Martín Vizcarra. EFE
Fiscal: Keiko cometió delito de lavado en organización criminal