Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, manifestó que la imputación en contra de la mandataria por los aportes de Henry Shimabukuro a la campaña presidencial de Perú Libre no tiene asidero en el derecho.
Al respecto, señaló que es importante precisar que, de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, no existen campañas vicepresidenciales reconocidas jurídicamente.
“No existen campañas vicepresidenciales jurídicamente. La ley que reforma la Ley de Partidos Políticos, respecto al financiamiento, distingue campañas presidenciales, congresales, regionales y municipales”, sentenció.
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“Esa imputación (los presuntos actos delictivos relacionados con el financiamiento de campaña) no tiene asidero en el derecho. Todos los aportes que se da, y respecto a la cual se mueven las personas, corresponde a una campaña presidencial”, agregó.
Recalcó que, de acuerdo a la ley, los aportes recibidos por las organizaciones políticas van a la campaña realizada para dicho proceso, sea este presidencial, congresal, regional o municipal.
“Cualquier aporte, según la ley, va a la campaña presidencial y el único responsable es el tesorero. El partido recibe la campaña y este puede participar en varias campañas, presidenciales, congresales, entre otros” sentenció.
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Añadió que son los tesoreros de campaña de cada organización política los responsables jurídicos de mantener un control de los aportes recibidos.
“Las campañas tienen responsables, en este caso los tesoreros. (…) Ellos son los responsables jurídicos de que se tenga el control de los ingresos que entran a la campaña del Presidente de la República”, señaló.
En otro momento, Campos añadió que Shimabukuro hasta el momento no ha mencionado la entrega de efectivo para la campaña presidencial de 2021. “No existe ninguna afirmación de que se le haya dado dinero a Dina Boluarte“, precisó.
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Investigación preliminar por genocidio
Con respecto a la investigación que abrió la Fiscalía en contra de la mandataria, tres ministros y dos ex ministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, la defensa señaló que es irresponsable calificar de genocidio lo sucedido durante las protestas sociales que iniciaron en diciembre.
Manifestó que, en casos de estallidos sociales, es el político el encargado de ordenar el restablecimiento del orden y el jefe del Comando Policial el encargado de implementarlo, desplegando efectivos y demás recursos necesarios.
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“La situación no da para calificar de manera irresponsable como genocidio. Genocidio es un delito de lesa humanidad. Caso por caso se tiene que investigar”, señaló.
Al respecto, añadió que no existe responsabilidad legal de la mandataria por los fallecidos y heridos de gravedad durante las manifestaciones entre diciembre de 2022 y enero de 2023. “La Constitución la excluye directamente, ella no es responsable por esto”, refirió.
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Finalmente, señaló que dicha imputación contra la jefa de Estado no es buena para la democracia y que espera que la Fiscalía archive el caso contra la mandataria y los ministros.
“Espero que la fiscal de la Nación comprenda que no es bueno para la democracia exagerar ni tener a una presidenta señalada de genocidio. (…) Espero que le entre la sensatez a la fiscal y de una vez archive (el caso)”, manifestó. (Andina)